La Razón (Cataluña)

Anticorrup­ción continuará con la investigac­ión del AVE a La Meca

► Espera una comisión rogatoria de Arabia Saudí para acreditar si se produjo cohecho internacio­nal

- Irene Dorta. MADRID

La Fiscalía Anticorrup­ción no va a terminar sus trabajos una vez se haga público el decreto de archivo sobre las tres investigac­iones del Rey Juan Carlos I. Una de ellas, la relativa alas obras que un conglomera­do de empresas español as llevaron acabo en Arabia Saudí para construir un trenque conectar La Me dina con La Meca, seguirá viva en el seno del Ministerio Público para depurar responsabi­lidades de empresario­s que, presuntame­nte, pudieron haber pagado comisiones para adjudicars­e esta faraón i ca construcci­ón. Dejando ya al Borbón a un lado, la Fiscalía está a la espera de una comisión comisión rogatoria de Arabia Saudí y, según ha confirmado LA RAZÓN, continuará las pesquisas para decidir si se produjo un delito de cohecho internacio­nal.

Anticorrup­ción incoó en 2018 estas diligencia­s a raíz de unos audios en los que la examiga del Rey Corinna Larsen confesaba al comisarioJ­o sé Manuel Villa re jo que para que el consorcio hispanoára­be se hubiera adjudicado este contrato multimillo­nario (más de 6.000 millones de euros) hubo que pagar comisiones ilegales. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el caso de Villarejo (Tándem), que luego archivó, pero dedujo testimonio de una parte a la Fiscalía que lucha contra la corrupción y allí se iniciaron las pesquisas. Éstas viajaron hasta la Fiscalía del Tribunal Supremo cuando el nombre del monarca apareció en las indagacion­es, por su condición de aforado, pero según ha podido saber este diario Anticorrup­ción ha continuado esta investigac­ión de forma paralela desde inicios de 2021 para seguir escarbando en los delitos que afectan a las empresas y los empresario­s.

Todo lo que hiciera Juan Carlos I entre el 2008 –año en el que Arabia Saudí entrega 65 millones de euros a una Fundación de la que él era beneficiar­io– y el 2012, fecha en la que se firma el contrato entre las autoridade­s árabes y las empresas españolas, no es perseguibl­e. Él era Jefe del Estado y, por tanto, inviolable según la Constituci­ón y así quedará plasmado en el decreto de archivo de las diligencia­s sobre el Rey.

Pero Anticorrup­ción quiere llegar más lejos y lo que sí quiere determinar es si existió un delito de cohecho internacio­nal. Por eso, se ha «desgajado» esta parte y se ha continuado en la sede que dirige Alejandro Luzón.

La propuesta española era casi un 30% más bar ataque la segunda mejor oferta y el rey Abdullahd eA rabia Saudí se decantó por este consorcio frente ala rival francesa, culminando­un proceso demás de cinco años que habían llevado en primera persona Juan Carlos del lado español y Nicolás Zarkozy del francés. El consorcio hispanoára­be se bautizó como Al Shoula y ganó, nada menos, que una infraestru­ctura de unos 450 kilómetros que conectaba las dos ciudades más importante­s del Islam. El contrato con todos sus ceros incluía la fabricació­n del material rodante, la construcci­ón de la superestru­ctura, la operación y el mantenimie­nto durante 12 años. Un proyecto que se vendió como el buque insignia de la ingeniería española en el extranjero.

Sin embargo, cuando finalmente se inauguró en septiembre de 2018 el escándalo en España ya estaba sobre lames ay ningún miembro del

Gobierno, ni tampoco de la Casa Real acudieron ala inauguraci­ón de la obra ferrovial.

La colaboraci­ón ahora de las justicia del país árabe es clave, aunque las fuentes fiscales consultada­s no tienen excesiva s esperanzas depositada­s en la respuesta ala comisión rogatoria enviada. Cabe recordar que el fiscal suizo Y ves Bertossa, que también puso el foco sobre esta obra y el dinero que llegó al Rey a través de cuentas en Suiza, ni siquiera solicitó informació­n a Arabia Saudí porque entendió que no iba a producirse respuesta alguna.

Anticorrup­ción quiere saber si se produjeron pagos dirigidos a sobornar a funcionari­os o autoridade­s locales y, entre ellos, hay algunos nombres propios como la lobista iraníSh ah pariZangan eh, como publicó El Mundo. Ésta firmó un contrato de consulto ría con las empresas española squefirm aron el consorcio por el que se presupuest­ó una cantidad equivalent­e al 2% del valor contractua­l del proyecto.

En el marco de esta investigac­ión el fiscal anticorrup­ción Luis Pastor se desplazó en 2019 a interrogar a Larsen a Londres que en las grabacione­s hechas públicas asumía ser conocedora de todo este entramado. Es a ella a quien el Rey le transfiere los 65 millones de euros donados por Arabia Saudí y lo hace a una cuenta en Bahamas.

Quiere saber si hubo pagos dirigidos a sobornar a funcionari­os o autoridade­s locales

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EUROPA PRESS El ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez

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