El PP multa a Álvarez de Toledo con 500 euros
► El Consejo de Dirección resuelve expedientarla por romper con la disciplina de voto
La resolución no es firme y la diputada del PP puede aún recurrirla en un plazo de siete días
El Consejo de Dirección del Grupo Popular resolvió ayer, al amparo de los estatutos del partido, sancionar con una multa de 500€ a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo por «no respetar la línea política» y romper el pasado 11 de noviembre la disciplina de voto.
Según la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, tras haber examinado, por parte del Instructor designado el escrito de alegaciones que presentó la que exportavoz del Grupo Popular y, tras valorar las pruebas aportadas en relación con su expediente sancionador se le ha comunicado finalmente que se había acordado finalmente su sanción.
Dicha resolución aún tiene posibilidad de recurso según lo establecido en el artículo 33 de los vigentes Estatutos del partido, para lo que dispone ahora de 7 días naturales. De no presentarse dicho recurso en ese plazo, «la resolución será considerada firme» y, por tanto, se debe hacer efectiva la sanción impuesta.
En el escrito de alegaciones que presentó Álvarez de Toledo el pasado 10 de diciembre ratificaba las declaraciones que hizo en una entrevista en El Mundo, el pasado día 14 de noviembre, donde señalaba que había votado en blanco a la renovación del Tribunal Constitucional, ya que consideraba que se trataba de un «reparto de cromos», un «espectáculo desolador» al tiempo que lo veía «contraproducente para el PP» y lo consideraba autoimpugnatorio. «Uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, sin embargo, participar en una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional», sentenció entonces. La diputada del PP, según destaca el Instructor designado que ha llevado dicho expediente, admitió expresamente el hecho de haber cometido la infracción ya que, además, «en ningún caso niega ni aporta pruebas contradictorias frente al hecho objetivo de que cometió una infracción tipificada en los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular, de obligado cumplimiento para todos los diputados». Además, alega para imponer dicha sanción que, Álvarez de Toledo «conocía que la Dirección del Grupo había comunicado a todos los diputados el sentido del voto, que no era en blanco. De hecho, con anterioridad, los candidatos que contaban con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, comparecieron en la Comisión de Nombramientos, sin que constara» que la diputada del PP tenía alguna oposición al respecto. Asimismo, apunta que, en ningún caso, la apertura de este expediente «vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular» como argumentó Álvarez de Toledo, sino que es «una consecuencia expresamente contemplada en los Estatutos».
Las Fuerzas Armadas cierran 2021 prácticamente como lo empezaron: luchando contra catástrofes naturales al mismo tiempo que hacen frente a un virus. Porque este año que termina, los militares, además de sus misiones habituales (en territorio nacional o en el exterior), han vuelto a demostrar que son una herramienta clave ante cualquier emergencia. Y este año lo han hecho en la nieve, en un volcán en erupción, en incendios, en ríos desbordados y hasta en la frontera de Ceuta. Pero también con un teléfono rastreando contagios, administrando vacunas o desinfectando diferentes instalaciones a lo largo del país. Sin olvidar su operación más mediática y humanitaria: el rescate y evacuación de Afganistán de quienes durante 20 años de guerra colaboraron con nuestro país.
Porque después de muchos años casi en el «anonimato», en 2020 la pandemia sacó a la calle y a luz a los cerca de 125.000 militares de las Fuerzas Armadas. Se acercaron a los ciudadanos y colaboraron con el Ejecutivo para frenar y paliar los efectos del coronavirus. Hasta ese momento, la Unidad Militar de Emergencias (UME) era la cara más visible y cercana, pero a partir de ahí comenzó un «tirón» militar nunca antes visto y que, como era de esperar, continuó durante este año 2021 que ya acaba.
En enero, mientras seguían con su «Operación Baluarte» contra el coronavirus (continuación de «Balmis»), se enfrentaron a su primera gran emergencia: las grandes nevadas provocadas por la borrasca «Filomena», que paralizaron parte del país, sobre todo Madrid. Inmediatamente el Gobierno tiró de los militares y estos comenzaron a despejar nieve de las calles, rescatar conductores atrapados, limpiar la pista del aeropuerto de la capital o trasladar a pacientes a centros sanitarios. Fueron más de 1.500 los efectivos que se desplegaron en diferentes puntos de la geografía española con más de 500 vehículos y medios que se demostraron imprescindibles, como lo fueron, por ejemplo, las ambulancias de la Agrupación de Sanidad (AGRUSAN) del Ejército de Tierra, que llegaban donde otros no podían.
Pero mientras ellos se enfrentaban a las consecuencias de un temporal, muchos de sus compañeros seguían batallando contra el coronavirus. Por un lado, como rastreadores, llamando a los ciudadanos ciudadanos en busca de contagios y contactos estrechos. Más de 6 millones de llamadas han realizado los casi 800 uniformados que, de media, han estado activados cada día. En determinados momentos llegó a haber más de 3.000 rastreando, de los cerca de 8.000 que se han formado para poder ofrecer esta capacidad a las comunidades autónomas.
Desinfecciones, vacunas...
Y, por otro lado, mantuvieron, aunque a menor ritmo, las tareas que ya realizaron en «Balmis», como la desinfección de residencias o centros sanitarios (1.455 misiones de este tipo), el montaje de instalaciones para ampliar la capacidad de algunos hospitales o el traslado de las vacunas a las islas o ciudades autónomas.
Esas fueron sus principales tareas hasta que, a mediados de mayo, las alarmas sonaron para otra misión «diferente», en este caso en Ceuta. Miles de inmigrantes comenzaron a cruzar la frontera ante la pasividad de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y fue necesaria la intervención del Ejército. En muy poco tiempo, más de 600 uniformados (de los 3.000 que hay en la plaza de Ceuta) se desplegaron principalmente en la playa de El Tarajal, incluso con
blindados, y comenzaron a dar la vuelta al mundo las imágenes de legionarios o regulares rescatando a niños que trataban de llegar a España engañados.
Allí estaba el Ejército de Tierra prácticamente al mismo tiempo que 24 militares regresaban a España poniendo fin a la misión más larga y con más fallecidos de las Fuerzas Armadas: la de Afganistán. Aunque poco después tuvieron que regresar a ese polvoriento avispero...
Unos llegaban mientras que la UME se preparaba para salir en su tradicional campaña de incendios, que arrancó el 15 de junio con la participación de 2.900 militares. De ellos, más de 530 lucharon en el peor fuego de la temporada, el que afectó al sur de Ávila. Pero también se desplegaron en Jubrique (Málaga) o en Ribas del Sil, entre otros sitios. Al mismo tiempo, cerca de un millar de uniformados seguía rastreando contagios por todo el país mientras otros vacunaban a los deportistas olímpicos o a la selección de fútbol.
Pero en agosto todo volvió a alterarse, en esta ocasión a miles de kilómetros de España. Los talibanes avanzaban sin resistencia por Afganistán tras la salida de las tropas internacionales y comenzaba una carrera contrarreloj para rescatar no sólo a los pocos españoles residentes en el país, sino también a los afganos que durante dos décadas colaboraron con las Fuerzas Armadas o la embajada.
El día 15 de ese mes partía de España el primero de los tres aviones A400-M que iban a participar en esta delicada operación de rescate cuyo objetivo era simple: «No dejar a nadie atrás». Esta primera fase de evacuación se prolongó durante 13 días en los que 130 efectivos del Ejército del Aire y Tierra salvaron a más de 2.200 afganos. Se realizaron 17 vuelos entre Dubai y Kabul, en cuyo aeropuerto los militares españoles buscaban entre miles de personas a los colaboradores españoles, muchos de los cuales se jugaron la vida para llegar. Se arriesgaron tanto los propios afganos como los uniformados, pues mientras encontraban y rescataban a los colaboradores se produjo un atentado en el aeródromo que dejó más de 170 muertos, entre ellos 13 marines estadounidenses.
Y con las duras imágenes de Afganistán aún recientes y con los ministerios de Defensa y Exteriores gestionando con prudencia más rescates (en octubre se lanzó una segunda fase para sacar del país a otros 200 afganos), la amenaza llegaba ahora en forma de lava y los militares volvían a ser reclamados para echar de nuevo una mano.
Más de 200 contra un volcán
Corría el 19 de septiembre cuando uno de los habitantes de la isla de La Palma, el volcán Cumbre Vieja, comenzó a rugir y entró en erupción. Inmediatamente más de 200 militares se pusieron manos a la obra para colaborar con diferentes organismos y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo tipo de tareas.
Los efectivos de la UME comenzaron apoyando a los vecinos que tenían que evacuar sus viviendas, ayudándoles en la evacuación y dándoles apoyo psicológico. Mientras, el Ejército de Tierra acondicionó un cuartel para alojar a quienes habían tenido que abandonar su hogar a toda prisa. Así comenzaba esta misión, también diferente a las que están acostumbrados y en la que poco a poco las Fuerzas Armadas empezaron a tener un papel más protagonista gracias, entre otros, a sus medios.
Así, han realizado mediciones para comprobar la calidad del aire, en muchas ocasiones en primera línea, pisando la lava aún incandescente. Y no dudaron en desplegar lanchas de desembarco para trasladar a los agricultores a sus plantaciones ante la imposibilidad de llegar por carretera. Más de mil personas han sido transportadas en todo este tiempo. Y siguen ayudando, porque aunque el volcán se ha «parado», se mantendrán el tiempo que sea necesario.
Sin embargo, la erupción del Cumbre Vieja no ha sido la última catástrofe natural de este año y de forma paralela la UME se vio obligada a desplegarse en Aragón el 11 de diciembre (con el volcán aún activo) como consecuencia de las inundaciones tras la crecida del Ebro. Casi 300 «boinas mostaza» y un centenar de vehículos trabajaron noche y día en diferentes localidades para evitar que el agua entrara en las poblaciones, realizando principalmente trabajos de achique, construcción de diques de contención, vigilancia o vuelos de reconocimiento con drones y helicópteros.
Pero en diciembre no solo aumentó el caudal de los ríos, sino que también comenzaron a aumentar los contagios por coronavirus. Tanto, que las comunidades autónomas volvieron a solicitar ayuda al Ministerio de Defensa. Por un lado, con rastreadores militares, cuya cifra ascendió en pocos días hasta los más de 1.500 que actualmente están desplegados .
Y, por otro, con personal para tratar de acelerar el ritmo de vacunación. En cuanto el Departamento que dirige Margarita Robles ofreció esta capacidad a las comunidades, trece de ellas solicitaron la ayuda. Hasta el momento han sido movilizados más de 1.000 uniformados, los cuales se integran en 150 equipos móviles listos para desplazarse por toda la geografía española.
Así llegan las Fuerzas Armadas a 2022, año en el que todo indica que volverán a ser protagonistas.
Unos 1.500 efectivos se desplegaron por «Filomena», mientras que en la avalancha de Ceuta fueron 600 El año acaba con 1.500 militares rastreando contagios y 1.000 vacunando a los ciudadanos