Casado no debe ceder en la reforma laboral
Editorial
ComoComo era previsible, el presidente del Gobierno presentó, ayer, ante el Comité Federal del PSOE, un balance excesivamente optimista de sus dos años de gestión al frente del Ejecutivo, pero no es su descripción de la arcadia feliz algo que merezca el menor análisis, porque, a nuestro juicio, lo más significativo es que Pedro Sánchez no pudo evitar que llegara a sus compañeros de partido y, por ende, al conjunto de la opinión pública, el mensaje inquietante de que su proyecto estrella, la reforma laboral, pende de un hilo, precisamente, del que sostienen sus socios independentistas, dispuestos, al parecer, a forzar un nuevo texto legislativo, en línea con las posiciones más populistas. No de otra forma cabe entender que, tras el habitual rosario de descalificaciones hacia el principal partido de la oposición, Sánchez reclamara a Pablo Casado su apoyo a una ley que, conviene recordarlo, deroga puntos importantes de la que promulgó el anterior gobierno popular, que, por cierto, tan buenos resultados ha dado en circunstancias tan difíciles como la pandemia. Ciertamente, no es posible ocultar que, desde el socorrido argumento del «mal menor», el presidente del PP está recibiendo fuertes presiones, incluso, desde su propia formación, para que facilite el trámite parlamentario de la norma impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, de ahí, que el presidente del Ejecutivo recurriera dialécticamente, como argumento de autoridad, al acuerdo suscrito con los agentes sociales, entre los que se encuentra la CEOE, para apelar a un «compromiso de Estado». No debería, sin embargo, el líder popular dejarse deslumbrar por lo que, desde cualquier análisis serio, no ha sido otra cosa que una inexplicable cesión del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, cuyas consecuencias para nuestro mercado de trabajo se verán a medio plazo. De hecho, ayer, se explicitó el rechazo unánime del sector agropecuario, clave en la economía española, a una reforma que considera lesiva para el futuro de las explotaciones. No es, por supuesto, el único sector productivo que ha visto el riesgo inherente en el proyecto de Díaz, pero es el primero que se moviliza. En este sentido, y dicho sea de paso, no parece que el Campo español tenga mucho que agradecer a este Gobierno, por más que Pedro Sánchez se deshiciera en protestas de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos. Ni siquiera la desautorización implícita del ministro de Consumo, Alberto Garzón, merece tenerse en cuenta, puesto que la única desautorización que vale es la que lleva aparejada la inmediata destitución. Y, en cualquier caso, si Pedro Sánchez considera que el Partido Popular debe sumarse a un consenso parlamentario, lo obligado es que plantee a Pablo Casado los términos de una negociación de las enmiendas que corrijan el desaguisado.