Acerca de la reforma laboral
Escrito en la pared
LosLos dos aspectos más llamativos de la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno y pendiente de ratificación legislativa, son los que se refieren al reforzamiento del poder sindical y al cambio regulatorio de los contratos temporales. Lo primero opera a través de la regresión de los convenios colectivos hacia el modelo que precedió a los cambios que se establecieron en 2012. Un modelo basado en un nivel intermedio de negociación de carácter sectorial-territorial que concede a los sindicatos más representativos casi toda la capacidad de representación de los trabajadores, con independencia de que éstos se hayan afiliado a aquellos, y cuyo principal efecto económico es la rigidez salarial; o sea, la desvinculación de los salarios con respecto al curso del empleo y de la productividad de las empresas. No sería sorprendente, por ello, que en una situación inflacionista como la actual este cambio condujera a una espiral de precios-salarios de negativos efectos para la recuperación de la crisis post-epidémica.
Lo otro, lo de los contratos temporales parece que va a llevar a un endurecimiento de las condiciones de despido de este tipo de trabajadores, lo que operará como un obstáculo a la creación de empleo. Es cierto que la principal causa del exceso de temporalidad que hay en España es atribuible a las diferencias indemnizatorias en el despido de los trabajadores fijos y temporales. Pero la solución a este problema no estriba en aumentar el coste del despido de estos últimos –como, por cierto, se hizo débilmente en 2012– sino en modificar el sistema de indemnizaciones desvinculándolo de la antigüedad en la empresa. Esta es la solución que aporta la llamada «mochila austriaca», en la que cada trabajador acumula su propia cuenta indemnizatoria a lo largo de su vida laboral sin que ésta se vea afectada por los cambios de su empleo en diferentes empresas.
A la vista de todo esto no creo que la reforma laboral de Sánchez sea una mera modificación cosmética que debiera ser aceptada por la derecha política. Cierto que, si se hubieran colmado las exigencias del izquierdismo, podría haber sido peor. Pero en estos asuntos lo del mal menor sobra. Lo que importa es que la regulación adoptada es un paso atrás.