Querella de las víctimas contra «Josu Ternera» por el atentado de la T-4
► Dignidad y Justicia responsabiliza a cuatro ex jefes de ETA de la acción criminal en 2006
Pendiente de que Francia autorice su entrega a España y procesado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, a José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», se le puede abrir ahora un nuevo frente judicial en España. Dignidad y Justicia (DyJ) se querelló ayer en la Audiencia Nacional contra él y otros tres ex dirigente de ETA –Aitzol Iriondo, «Gurbitz», Mikel Carrera Sarobe, «Ata», y Ainhoa Ozaeta, «Kuraia»– por el atentado de la T-4 de Barajas que el 30 de diciembre de 2006 causó la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate rompiendo la tregua anunciada por la banda terrorista en marzo de ese mismo año.
En la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 del citado tribunal (que investigó el atentado), la asociación que preside Daniel Portero atribuye a los ex dirigentes etarras ambos asesinatos y 68 lesiones de carácter terrorista (tantas como heridos en el atentado con furgoneta-bomba). Todos ellos, argumenta DyJ, formaban parte en esas fechas del «máximo órgano de dirección» de ETA, «el comité ejecutivo o ZUBA, y ostentaban desde éste el dominio de la organización»: Iriondo, al cargo del «aparato militar»; «Ata», como responsable del «aparato logístico»; «Josu Ternera», al frente del «político», y «Kuraia», del de «tesorería».
De ahí que los considere autores mediatos del atentado por el «dominio» que tenían entonces sobre la organización terrorista y solicite su citación como investigados y que se les imponga una fianza para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.
El colectivo de víctimas precisa que no incluye en la querella a Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», porque, aunque formaba parte también del «comité ejecutivo» de ETA, ya fue procesado por estos hechos en 2008, al igual que el etarra José Antonio Aranibar (señalado como el responsable del «comando Elurra», autor del atentado). Ambos fueron, según Dignidad y Justicia, quienes «transmiten y ejecutan la decisión» de la cúpula de ETA.
Para la asociación querellante «la trascendencia política del atentado de la T4», que supuso la ruptura de la tregua, hace «imposible» que la decisión de perpetrarlo «se adoptase en lugar distinto a la ZUBA».
DyJ recuerda que en la sentencia por la que en 2012 se condenó por estos hechos a los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián ya se hacía constar, como hechos probados, la «implicación directa de la ZUBA en la decisión del atentado en la T-4 y en la facilitación de la furgoneta-bomba».
El atentado, insiste en la querella, fue de hecho «seleccionado como objetivo por la ZUBA y ejecutado siguiendo expresas y muy precisas instrucciones en cuanto a su modus operandi», hasta el punto de que fue el propio «Txeroki» –mantiene la asociación– quien, como jefe de los «comandos», las impartió a los terroristas de modo «directo y presencial».
Por ello, Dignidad y Justicia considera «contradictorio» que no se investigue a quienes «adoptan y controlan» la decisión de atentar y sí a otros («Txeroki» y Aranibar), que la «transmiten y ejecutan», lo que «perjudica a las víctimas de ETA», se queja.
Para la asociación querellante no es lógico que «penalmente pueda responder unos y no otros. «Los ejecutores finales de la colocación y detonación del explosivo jamás hubiesen podido adoptar una tal decisión de tales implicaciones políticas y públicas para la banda al margen de la ZUBA», recalca DyJ en su querella.