Transferencias sanitarias: 20 años después

LaLa transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas ha cumplido su vigésimo aniversario en los últimos días.

Desde el desarrollo de lo establecido en la Ley General de Sanidad, este proceso descentralizador sin precedentes –que supuso el fin del Instituto Nacional de la Salud– se culminó con acierto en menos de un año, derivó en una de las normas que más y mejor han vertebrado el Sistema Nacional de Salud (SNS) –es decir, la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003– y sirvió para aproximar la administración sanitaria al ciudadano con un éxito considerable.

Sin embargo, hay carencias, ineficiencias y desigualdades existentes hace dos décadas que continúan vigentes en todas las comunidades autónomas.

Me refiero, por citar algunos ejemplos representativos, a la necesidad de un nuevo modelo de financiación que posibilite la solvencia, de una ordenación profesional planificada y adaptada a la realidad, de un plan conjunto para reducir las listas de espera, de una estrategia que posibilite la contención efectiva del gasto farmacéutico…

Son problemas que la pandemia de Covid-19 ha evidenciado aún más, si cabe, en los últimos dos años; cuestiones que requieren soluciones lideradas desde el Ministerio de Sanidad y consensuadas con las propias comunidades autónomas.

En mi opinión, la ejecución plena, sostenible y equitativa de las transferencias sanitarias en términos del derecho a la salud para todos los ciudadanos en todo el país, únicamente será posible desde un Pacto de Estado que incluya una cogobernanza real en el seno de un Consejo Interterritorial rector del SNS cuyas decisiones sean, de una vez por todas, vinculantes.