Funcionarios que cobran sin trabajar: pugna en el Parlament
► Borràs y la Mesa negociarán suprimir las prejubilaciones doradas a empleados que ingresan el sueldo entre los 60 y los 65
El año político ha empezado en Cataluña con un fuerte escándalo interno en el Parlament: la polémica ha estallado a cuenta de un controvertido artículo del reglamento –llamado licencia de edad– que permite a los funcionarios cobrar su sueldo íntegro hasta los 65 años sin necesidad de ir a trabajar en el último lustro. Un suerte de prejubilación de lujo y a la carta, única en la administración pública, y que cuesta a los catalanes hasta 1,7 millones de euros al año para sufragar los salarios de 21 empleados ya prejubilados. Después de salir a la luz y tras un intento de fallido de salvar los muebles, la cámara rectificará por obligación y negociará para eliminar esta paga a lo largo de 2022. Eso sí, su extinción ni será inmediata ni retroactiva.
El escándalo se ha hecho públinach co esta semana tras una información avanzada por el diario «Ara» sobre la existencia de las ya famosas licencias de edad, una cláusula que el Parlament habilitó en 2008 bajo la presidencia de Ernest Be(ERC) Be(ERC) y que ha mantenido a lo largo de 13 años.
Y es que a día de hoy, la cámara gasta 1,7 millones de euros anuales en sueldos a empleados públicos que no trabajan entre los 60 y los 65 años: en la franja más alta hay dos ex letrados que cobran casi 11.000 euros al mes y dos ex jefes de departamento que se embolsan casi 9.000 euros, mientras que en el otro lado de la balanza están dos telefonistas y cinco ujieres auxiliares con 3.800 euros de salario mensual. O, lo que es lo mismo, 21 nóminas de entre 56.000 y 140.000 euros al año sin trabajar, una cifra que en algún caso es superior a lo que perciben los consellers del Govern y que se acerca al sueldo del presidente de la Generalitat.
Tras estas revelaciones, la propia presidenta de la cámara, Laura Borràs (Junts), salió al paso, confirmó la información y aseguró haber revertido estos privilegios a finales del año pasado y por órdenes expresas tras llegar al cargo. Sin embargo, la letra pequeña de la modificación que defendió Borràs no implica grandes cambios de fondo ni acaba con las prejubilaciones de lujo: la Mesa acordó el 21 de diciembre una reforma con la que los funcionarios del Parlament podían cobrar sin trabajar tres años anteriores a jubilarse en lugar de cinco, como constaba desde 2008.
Con este pacto, suscrito por todos los partidos de la Mesa, el régimen especial se mantenía cinco años, pero solo en los últimos tres antes de jubilarse los funcionarios podían dejar de trabajar: en los dos primeros, podían reducir su jornada en un tercio o la mitad, y cuando al llegar al tercero podían decidir seguir trabajando en esas condiciones o acogerse a la exención. El porcentaje del sueldo total a cobrar de este régimen especial depende de los años de servicio prestados, pero es posible cobrar el 100% del mismo si el funcionario ha trabajado durante 29 años.
Y ayer, con Borràs y el Parlament en el ojo del huracán por una reforma mínima –y con ERC descolgándose a la primera y pidiendo una rectificación–, la Mesa reculó a la fuerza y acordó por unanimidad negociar para eliminar el régimen especial que permite a funcionarios de la Cámara seguir cobrando pese a no trabajar. Unas licencias de edad suscritas pero modificadas hace menos de un mes –el 21 de diciembre–, que ahora se buscan extinguir del todo tras la polémica levantada y con los partidos argumentando que en la última reunión del año pasado no se entró al detalle ni tenían suficiente información, un dardo velado a Junts.
A partir de ahora, el órgano rector del Parlament tiene que negociar y buscar un nuevo pacto con los trabajadores, entre los que hay 21 funcionarios acogidos a estas licencias de edad, para suprimirlas. Por tanto, ni será inmediato ni tendrá efectos retroactivos, por lo que las personas acogidas a este régimen especial continuarán estándolo. La segunda carpeta por abrir es qué hacer con aquellos que ya las han pedido.
Al año, la Cámara gasta hasta 1,7 millones en 21 salarios suscritos a las licencias de edad
El órgano rector deberá negociar con los trabajadores y la reforma no será retroactiva