Los peritos judiciales ratifican que Plus Ultra no cumplía los requisitos
► El careo con los expertos que defienden el rescate no resuelve las discrepancias sobre si la aerolínea estaba ya en crisis en 2019
El careo entre los peritos que defiende n que Plus Ultra cumplí a los requisitos para beneficiarse de la ayuda del Gobierno y los que, por contra, consideran que cerró 2019 asomándose ya al abismo de su di solución, no ha alterado el escenario procesal que debe valorar la jueza Esperanza Col lados antes de decidir si sigue adelante con la investigación o archiva la causa. Durante tres horas y media, unos y otros desgranaron ayer sus argumentos ante la instructora y respondieron tanto a las preguntas de ésta como a las que les formularon por un lado la Fiscalíay Abogacía del Estado, que ya han pedido el archivo de las diligencias, y,porotro,PP,VoxyManosLimpias, que fue quien denunció los hechos en los juzgados.
En el trasfondo de la investigación, los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la compañía aérea de capital venezolano en marzo del pasado año. Una inyección que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI reservaba a empresas zarandeadas por la crisis económica causada por la pandemia. Pero, ¿estaba ya en crisis Plus Ultra con anterioridad? Ésa es la principal incógnita que debe despejar la magistrada antes de decidir si da carpetazo a la investigación o llama a declarar al representante legal de Plus Ultra y a la ex cúpula de la SEPI: su actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y todo el Consejo de Administración que avaló el rescate, unas comparecencias que la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, ya anticipó que solicitará.
Según fuentes jurídicas, durante el careo –que califican como «muy pacífico» (la aridez de los argumentos tampoco invita a grandes pasiones)– los peritos del despacho de abogados Martín Mol in a( a quienes recurrió el juzgado para intentar despejar las dudas) reiteraron «de forma taxativa» que cuando Plus Ultra cerró 2019 se encontraba ya en «causa de disolución». O lo que es lo mismo: que su zozobra financiera no fue consecuencia de la crisis causada por la Covid-19, por lo que no tendría derecho a esa ayuda millonaria del Gobierno.
Según esas mismas fuentes, los peritos independientes insistieron en que aunque es cierto que la compañía aérea« tenía actividad, arrastraba pleitos pendientes y deudas aplazadas con la Seguridad Social». En esa misma línea, defendieron que acumulaba pérdidas de ejerciciosanteriores y que el hecho de que tuviera que recurrir a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, del banco panameño Panacorp, Panacorp, era indicativo de que no atravesaba una buena situación.
La controversia no se ha resuelto con el careo, pues los peritos que firmaron el informe de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor (DCA) aportado por Plus Ultra –y avalado por la SEPI– siguen defendiendo que la aerolínea «no estaba en causa de disolución» y «era viable», por lo que« era elegible para recibir ayudas del Estado ».
Para la abogada de Vox, el plan de viabilidad de Plus Ultra era «irreal». Tras finalizar el careo, la letra da reiteró su convicción de que la compañía aérea llevó acabo un« maquillaje de balances », por lo que no tenía derecho a percibir la ayuda y provocarlo que definió como una« distorsión de mercado ».