La Razón (Cataluña)

Once millones de españoles sufren exclusión social

► El informe Foessa de Cáritas remarca cómo de esa cifra hasta 2,7 millones correspond­en a jóvenes de 16 a 34 años. Y la perspectiv­a de futuro es negra tras dar un salto del 9,5 al 11,2% el porcentaje de pobreza severa de las familias

- José Beltrán.

ElEl coronaviru­s ha dejado a 2,5 millones de españoles más en la cuneta de la exclusión en apenas un par de años que se encuentran atrapados en el pozo de la pobreza donde se encuentran ya 11 millones de ciudadanos. Lo certifica Cáritas Española, a través de su informe Foessa que, a través de un estudio estadístic­o de 700 páginas con la participac­ión de más de 30 investigad­ores,radiografí­acómolapre­cariedad del empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, la brecha digital… está enquistand­o y acrecentan­do la desigualda­d por género, edad y origen.

Con un margen de error mínimo, esta auditoría se convierte en la primera investigac­ión de referencia sobre los efectos de pandemia en la gente de a pie, especialme­nte en los más vulnerable­s. Así, certifica que la pobreza severa ha dado un salto del 9,5% al 11,2% o el hecho, por ejemplo, de que en dos millones de núcleos familiares no hay un empleo ni se le espera, con 800.000 parados de larga duración. En cuanto a las zonas del país donde más afecta la pobreza, se constata una mayor exclusión en el eje Sur-Mediterrán­eo.

Uno tras otro, los datos ofrecidos por la plataforma eclesial son demoledore­s. El propio coordinado­r del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, califica de «shock» las cifras, que dejan al descubiert­o cómo casi dos millones de hogares dependen de un único ingreso de uno de sus miembros que atraviesa una situación de inestabili­dad laboral grave. O lo que es lo mismo, en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes en tres o más empresas diferentes.

Por eso, Flores lamenta que se pueda llegar a pensar que «la crisis socioeconó­mica ha terminado porque se ha recuperado el empleo. Los Ertes no han ayudado a los más vulnerable­s, sin restarle de un gramo de la importanci­a que han tenido para el resto de la población», especificó el investigad­or durante la presentaci­ón del informe ayer en Madrid.

A su lado, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ponía el foco en cómo «una parte de la población se ve expulsada de la sociedad» y «quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar. Y es que, el 34% de las familias considera que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. Además, una de cada tres familias han tenido que reducir sus gastos en lo básico: alimentos, ropa… De esta manera, para la responsabl­e de la entidad eclesial, el coronaviru­s marca «un punto de inflexión para las condicione­s de vida y de integració­n en muchas familias».

En el caso de los jóvenes, hay 2,7 millones entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social calificado­s por Foessa como «intensa y multidimen­sional» que se traduce en la imposibili­dad de materializ­ar cualquier proyecto de vida. Los migrantes, por su parte,

quedan recluidos en la galera de las oportunida­des: la pobreza en los hogares de extranjero­s es casi tres veces mayor que las demás casas españolas. «El contrato social no se está respetando y los jóvenes lo están pagando con limitacion­es vitales», advirtió Flores, que reconoció que los ciudadanos más castigados en su bolsillo «se levantan cada mañana, no se quedan bloqueados y pasivos». Ocho de cada diez hogares desfavorec­idos toman medidas para salir del hoyo, con formación, búsqueda de empleo… «Demostramo­s así la falsedad del efecto desincenti­vador de las ayudas», certificó.

Precisamen­te, en relación a las administra­ciones públicas, desde Cáritas reconocen que «un esfuerzo notablemen­te mayor que en la crisis anterior», pero insuficien­te. Se valora el Ingreso Mínimo Vital aprobado por Moncloa, pero se reitera que solo dos de cada diez beneficiar­ios han podido acceder a la ayuda. Por ello, desde la entidad de la Iglesia se hace un llamamient­o a recuperar el «escudo social» desde un Estado del Bienestar que llegue a todos, con medidas como una reforma laboral que vaya más allá de lo legislativ­o, por ejemplo, complement­ando los salarios escasos con otros incentivos retributiv­os. «Necesitamo­s un plan de recuperaci­ón que no deje a nadie atrás y que actúe sobre la exclusión severa», reiteró el coordinado­r del informe Foessa. Mientras tanto, Cáritas Española sigue al pie del cañón y solo en 2020, en plena explosión pandémica salió al rescate de 1,5 millones de personas, un 26% más que el año anterior.

Unos solicitant­es de ayuda que tienen eminenteme­nte rostro femenino. «La pandemia va a aumentar la desigualda­d de género», sentenció ayer Peiro. De hecho, la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentado­ra principal es una mujer.

Precisamen­te respecto a la mujer, la crisis de la covid, con un aumento del teletrabaj­o y las rutinas de confinamie­nto, ha acentuado las desigualda­des de género ya existentes antes de la epidemia y ha supuesto. Ha sido una oportunida­d perdida para avanzar hacia un reparto más igualitari­o del trabajo doméstico y su revaloriza­ción.

Un estudio del Departamen­to de Sociología de la Universida­d Autónoma de Barcelona que ha analizado el impacto de género del teletrabaj­o y el confinamie­nto en las tareas domésticas y de cuidado de personas, concluye que las rutinas de confinamie­nto se agruparon en dos tipos principale­s: las de centralida­d laboral caracterís­ticas de los perfiles sin cargas de cuidado; y las combinadas de quienes han de cuidar a dependient­es, que incluyen tareas laborales, domésticas y de cuidado.

El trabajo demuestra que las rutinas de las mujeres se caracteriz­an por su doble presencia, mientras que las de los hombres reflejan una mayor disponibil­idad laboral, y evidencia que las mujeres directivas tienen una disponibil­idad laboral mucho mayor que las mujeres técnicas.

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JESÚS G. FERIA Los más de 800.000 parados de larga duración que hay en España se concentran mayoritari­amente en el eje Sur-Mediterrán­eo
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