¿Colau, dimisión?

AdaAda Colau, alcaldesa de Barcelona, ha sido imputada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. ¿El motivo? Prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en el reparto de subvenciones hacia asociaciones ideológicamente afines, como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por supuesto, imputación no es lo mismo que condena, de modo que no queda otra que ser prudentes y mantener –especialmente en la vertiente procedimental– la presunción de inocencia. Sin embargo, existe un problema: el código ético del partido de Colau, Comuns, exige que sus cargos públicos dimitan al ser imputados. Concretamente, ese código ético establece el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, el tráfico de influencias, el enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, el soborno, la malversación y apropiación de fondos públicos ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas». La propia Ada Colau, hace algunos años, debatía en televisión con el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y espetaba lo siguiente: «Hay muchos imputados que no dimiten (...) Lo que se podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir ‘oye, me han imputado’. (...) Es un hecho lo suficientemente grave como para que la ciudadanía opine en un referéndum revocatorio». Hoy, en cambio, tras conocer su imputación, ha afirmado que considera que «está totalmente fuera de lugar plantear dimisiones». En efecto, exigir la dimisión de un político por el mero hecho de que sea imputado resulta a todas luces excesivo y está fuera de lugar: que alguien esté siendo investigado no equivale a que sea culpable, ni siquiera a que haya una alta probabilidad de que termine siendo declarado culpable. Pero resulta inquietante que un partido incluya en su código ético un compromiso –dimisión en caso de imputación– que los propios miembros de ese partido saben que, llegado el caso, no van a cumplir. ¿Cuál es entonces la función de ese código ético que no se pretende cumplir? Pues sólo uno: engañar a los ciudadanos haciéndose pasar por gobernantes virtuosos. Pero quien trata de engañar a los ciudadanos no es virtuoso sino corrupto.