Ultimátum para cumplir el 25% de castellano
► El TSJC declara firme el fallo, da 10 días al Govern para que informe cómo lo aplicará y activar la cuenta atrás
UltimátumUltimátum judicial a la Generalitat para que instaure el bilingüismo y aplique una asignatura más de español que la propia de Lengua en todo el sistema educativo catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas y ha otorgado un plazo de diez días al Govern para que informe sobre su ejecución. A partir de entonces se pondrá en marcha una cuenta atrás de dos meses para acatar y tumbar el sistema de inmersión lingüística imperante con el catalán como única lengua vehicular.
En el escrito, el TSJC declara firme la sentencia del 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo, decisión sobre la que no se puede volver a recurrir. Un histórico fallo que acaba con el sistema monolingüe en catalán de la inmersión vigente desde 1983.
De acuerdo con la ley contenciosa, en concreto con el artículo 104, la Generalitat como parte demandada tiene dos meses máximo máximo –a partir de que comunique haber recibido la notificación del TSJC, dentro de los próximos diez días– para dar cumplimiento de la sentencia. Es decir, el plazo máximo se agota a finales de marzo. Una vez transcurrido ese periodo, el Ministerio de Educación o cualquiera de las partes y personas afectadas por el fallo podrán instar a su ejecución forzosa. Cabe recordar la causa parte de un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio de Educación, entonces del PP, contra varias resoluciones del Departamento de Educación sobre la lengua, por lo que el Gobierno puede pedir su ejecución forzosa.
El dictamen del TSJC emplaza a la Generalitat a llevar «a puro y debido efecto» la resolución sobre el castellano en todo el sistema educativo catalán y a poner en práctica «lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo».
Además, pide al Govern que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán. Un aspecto importante ya que el Ejecutivo catalán debe explicar ahora la forma en qué lo hará y quien será el responsable de velar por el cumplimiento del 25% de castellano, lo que abre la puerta a hipotéticas denuncias o investigaciones por la vía penal contra los responsables en cuestión si finalmente la Generalitat acabara desobedeciendo.
Por tanto, la pelota está ahora en el tejado del Govern de Pere Aragonès. Al respecto, el conseller de Educación, Josep González-Cambray indicó que «forma parte del procedimiento» y que desde este viernes tienen 10 días «para notificar» que han recibido la comunicación.
En una declaración a los medios en un acto en Badalona, Cambray aseguró que el Ejecutivo piensa seguir con el proceso previsto y esperará dos meses, aunque no ha sido claro sobre el fondo de la cuestión. Eso sí, todo indica que la Generalitat no aplicará la ejecución de forma voluntaria, por lo que a partir de los dos meses se abre un nuevo periodo para forzar al Ejecutivo a que instaure el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán de forma transversal.
Y es que desde el Govern de Pere Aragonès seguirán «dando cumplimiento a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que marca que al acabar la etapa de educación obligatoria los alumnos deben tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana», se limitó a responder Cambray.
Es más, el Govern ya ha dicho que «no cambia nada» y prepara «un despliegue normativo» al respecto del que poco se sabe. «Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana», reafirmó el propio president Pere Aragonès en un mensaje a través de las redes sociales en el que quiso dejar claro que para el Ejecutivo «el catalán no se toca y la escuela catalana tampoco».
De momento, la Generalitat ha anunciado que incrementará las inspecciones en las escuelas para controlar que se cumplen los proyectos educativos en catalán y tiene previsto incorporar más profesores en las aulas.
La Generalitat reitera que «no cambiará nada» y esperará a que se agote el plazo legal