Ejecución forzosa en marzo
¿Qué plazo tiene la Generalitat para aplicar el 25% de castellano en todo el sistema educativo tal como fija la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2020?
El Govern de Pere Aragonès tiene ahora diez días para notificar al tribunal que ha recibido la comunicación y especificar quién y cómo se aplicará el porcentaje de castellano marcado por los tribunales. El TSJC ha aclarado que la parte demandada –la Generalitat– tiene un plazo de dos meses para ejecutarla como estipula el artículo 104 de la Ley contenciosa administrativa para ejecutar una sentencia firme.
¿Qué ocurre al término de estos dos meses, a finales de marzo?
«Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa», señala el artículo.
¿El Gobierno de Pedro Sánchez puede instar a su cumplimiento?
Sí. Cabe recordar la causa parte de un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio de Educación, entonces del PP, contra varias resoluciones del Departamento de Educación sobre la lengua, por lo que el Ejecutivo puede pedir su ejecución forzosa. Sin embargo, el Gobierno se ha puesto de perfil con este asunto al asegurar que la competencia es de la Generalitat.
¿Y las familias?
Las familias, a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), confirman que exigirán la ejecución forzosa de la sentencia para instaurar un 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán. Es más, desde la AEB confirman que instarán a su ejecución como entidad defensora del bilingüismo. También con otra demanda que agrupará todas las solicitudes de las familias a favor del castellano recabadas por una Escuela de Todos a lo largo de estas últimas semanas, ambas cuando termine el plazo de dos meses, a finales de marzo.
¿Cuántas peticiones se han conseguido ya a favor del bilingüismo?
La plataforma Escuela de Todos, en la que están presentes hasta 14 entidades y asociaciones a favor del bilingüismo en las aulas, ya ha unido a cerca de 300 familias a favor de la aplicación de la sentencia. Cifra que espera incrementar en estos dos meses hasta poder alcanzar las 3.000 firmas. «Es una brutalidad», señala la presidenta de la AEB, Ana Losada, quien recuerda los dificultades que conllevaba en Cataluña la lucha por el bilingüismo en los últimos años.
¿Qué acciones están previstas para las próximas semanas después de que el TSJC declare firme la sentencia?
Las entidades constitucionalistas redoblarán esfuerzos, instalarán más carpas y puntos de recogida de firmas para lograr sumar a más familias y ya han iniciado una campaña de difusión a través de los medios y con carteles en las principales ciudades y núcleos de población, especialmente del área metropolitana.
¿Cómo ha reaccionado el independentismo ante la sentencia que acaba con el modelo de inmersión lingüística en catalán imperante desde 1983?
El propio president Aragonès confirmó el compromiso del Govern de «desplegar un nuevo marco normativo para fortalecer y normalizar el modelo lingüístico en Cataluña», sin más detalles. Desde la entidad Òmnium Cultural y su presidente saliente, Jordi Cuixart, han hecho un llamamiento a «defender el modelo de escuela catalana» y han pedido que «se ignore la sentencia», un discurso similar al de la CUP.
¿Qué ocurriría si se llegara a un escenario de desobediencia?
El Govern debe decir quién y cómo acatará, algo que abre la puerta a hipotéticos procesos penales por desobediencia.
Las entidades quieren multiplicar la cifra de 300 familias adheridas