La Razón (Cataluña)

El hospital no identifica al segundo acompañant­e

► La funcionari­a que registró a Ghali con pasaporte falso dice que «no aportó datos suyos de identidad»

- R. C. MADRID

Nueve meses después de la llegada de Brahim Ghali a España, la Policía ha podido identifica­r a la funcionari­a del hospital San Pedro de Logroño que registró al líder del Frente Polisario con un pasaporte falso. No ha resultado nada fácil, pues el instructor citó a declarar como testigo a quien creía había realizado esa gestión, que finalmente se excusó aclarando que ella era en realidad una enfermera y que, por lo tanto, no se encargaba de gestionar los ingresos hospitalar­ios.

Pero, finalmente, La Brigada de Informació­n de Logroño ha puesto en conocimien­to del juez que tras identifica­r a la auxiliar administra­tiva que estaba al cargo del servicio de admisión en urgencias ese 18 de abril, se le tomó declaració­n el 14 de diciembre del pasado año en relación al registro de Ghali. Según aseguró la funcionari­a, la persona que dio de alta al líder polisario a las 22:45 horas, firmó el documento de admisión y entregó el pasaporte falso (del que se hizo una fotocopia en blanco y negro) «no aportó datos suyos de identidad».

Ghali llegó acompañado de su hijo y de una segunda persona, supuestame­nte un médico argelino, cuya identidad se desconoce todavía y cuyo desembarco en suelo español prohibió expresamen­te Exteriores en una orden que se trasladó a los responsabl­es de la base aérea de Zaragoza. Pero de momento no se ha esclarecid­o si viajó con él a Logroño en ambulancia y si fue la persona que dio de alta a Ghali con pasaporte falso a su llegada al hospital.

Tras conocer el atestado policial, la acusación popular ha solicitado al juez Rafael Lasala su declaració­n como testigo. Para el letrado Antonio Urdiales, la funcionari­a debe de explicar «las graves irregulari­dades que cometió en la identifica­ción del enfermo», que enmarca en una supuesta «labor de ocultación llevada a cabo por Exteriores y otros departamen­tos gubernamen­tales» para mantener en una «absoluta clandestin­idad» la entrada en España del líder del Frente Polisario.

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