El president tilda de «155 educativo» un fallo judicial del TSJC que fija dos materias en español El Govern dice ser responsable de no cumplir con el 25%
► Aragonès asumirá «la responsabilidad política, jurídica y de actuar en defensa» del catalán
Primeras reacciones oficiales al ultimátum judicial a la Generalitat para instaurar el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán: el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se mantiene en sus trece, aseguró ayer que el Govern «luchará con todas las herramientas» a su alcance contra lo que considera «una especie de 155 educativo» en las escuelas catalanas e introdujo un importante matiz: el Ejecutivo asumirá «la responsabilidad política, jurídica y de actuar en defensa» de la escuela en catalán. Es decir, se hace responsable de no hacer cumplir con el 25% al menos en este plazo de dos meses y volvió a amagar con la desobediencia, aunque no de forma explícita.
Todo tras la resolución comunicada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que da un plazo de diez días a la Generalitat para que empiece a aplicar la sentencia firme que impone un 25%de clases en castellano en las escuelas –debe notificar quién y cómo lo aplicará– con un máximo de dos meses para darle cumplimiento total.
La sentencia ordena a la Generalitat garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el Govern anunció este viernes que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística.
En una declaración a los medios en un acto en Badalona, Cambray explicó el viernes que el Ejecutivo piensa seguir con el proceso previsto y esperará dos meses, aunque no fue claro sobre el fondo de la cuestión, igual que ayer Aragonès. Eso sí, todo indica que la Generalitat no aplicará la ejecución de forma voluntaria, por lo que a partir de los dos meses se abre un nuevo periodo para forzar al Ejecutivo a que instaure el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán de forma transversal.
También en su visita a Vic, el presidente de la Generalitat se aseguró que la decisión comunicada por el TSJC es, a su juicio, «un intento de romper el consenso» en el modelo educativo en Cataluña. De hecho, el republicano no dudó en reprender de nuevo al Estado pese a tratarse de un fallo del TSJC avalado por el Supremo: «Tenemos delante instituciones de un Estado que muchas veces conciben el plurilingüismo y la diversidad de lenguas como una cuestión a la que tienen alergia».