La política fiscal de la envidia
► El objetivo de las reformas fiscales es casi siempre recaudar más, salvo la que prepara el Gobierno, que persigue escarnecer y estigmatizar
AlfredAlfred Einstein, el genio de la física, padre de la Teoría de la Relatividad, defendía que «lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta». Einstein, claro, que pudo huir de los nazis en Alemania, no tuvo la oportunidad de conocer las tesis –insólitas– de los «indepes» de ERC que lideran Junqueras el «triste», Rufián el «provocador» y Aragonés, el «honorable». Reclaman la independencia para Cataluña y, mientras llega –si es que algún día lo consiguen–, exigen la mayor autonomía posible. Sin embargo, al mismo tiempo, sin sonrojarse, consideran imprescindible que se obligue a la Comunidad de Madrid que aplique los mismos impuestos, sobre todo en Patrimonio y Sucesiones, que otras comunidades que los tienen más altos. Es la política de la envidia. En un campeonato de incongruencia Junqueras y compañía sin duda quedarían en segundo lugar, porque antes que ellos siempre habría alguien más hábil.
El sistema fiscal español –uno de los más eficaces del mundo, por cierto– es el retrato de una incongruencia anunciada, trasunto fácil de García Márquez, que el Gobierno de Pedro Sánchez, con su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de abanderada, está decidido a disparatar más. El objetivo histórico de los impuestos, desde que los gobernantes gobiernan, es recaudar más, ya sea para sufragar los gastos en beneficio de las comunidades comunidades –gasto social– o para enriquecer a los mandamases. Todo consiste en recaudar más, algo que con frecuencia suele ser impopular. El llamado Gobierno
Frankenstein, versión el desaparecido y por tanto llorado Alfredo
Pérez Rubalcaba, es tan innovador que su próxima reforma fiscal no pretende recaudar más, sino escarmentar a los contribuyentes madrileños y esquilmar a quienes tienen un pequeño patrimonio o son herederos de algo.
Todos los estudios fiscales coinciden en que ni los impuestos de Patrimonio ni de Sucesiones aportan una recaudación significativa. De hecho, en Europa fueron abolidos hace años, sobre todo los de Patrimonio, y en países como Suecia, tantas veces puesto como ejemplo de fiscalidad exigente y distributiva, las herencias, simplemente, no tributan aunque no sean entre familiares directos. Sin embargo, el Gobierno espera que, como así lo había pedido la propia ministra y es también parte del peaje de los morados ahora de Yolanda Díaz y antes de Pablo Iglesias –allá ellos con sus desavenencias– , el dictamen de la Comisión de Expertos para la reforma fiscal que preside el catedrático Jesús
Ruiz Huerta, recomendará, en contra de cualquier autonomía fiscal, un impuesto de Patrimonio mínimo para toda España y lo mismo para el impuesto de Sucesiones. Justo, al mismo tiempo, que los vascos del PNV y los «indepes» de ERC exigen la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales estatales para apoyar la reforma laboral del Gobierno, que es más de Nadia Calviño que de Yolanda Díaz, con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE de palmero, a la espera de un consejo de administración cuando, antes o después, deje de presidir la patronal.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, enarbola la bandera fiscal y pretende garantizar la autonomía en ese terreno. Es un envite tan hábil como inútil, aunque rentable políticamente. El Gobierno siempre podrá imponer un impuesto de ámbito estatal para lo que quiera, Patrimonio, Sucesiones o lo que sea y, además, podrá hacerlo compatible con las haciendas forales vasca y navarra, que sí mantendrán sus privilegios y diferencias fiscales, que querrían tener los «indepes» catalanes, pero que también les molestan menos que Madrid utilice la autonomía que le otorga la ley.
En Hacienda, casi de forma clandestina, ha habido movimientos, sin grandes explicaciones. Héctor Fernández Izquierdo ha sustituido a Isabel Bardón como secretario de Estado, mientras los cátedros Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio se borraban del Comité de Expertos para la reforma fiscal. Y por si fuera poco, Hacienda no deflacta –actualiza– las tarifas fiscales con la inflación, lo que significa un aumento encubierto de impuestos del más del 6%. Por algo llaman a la inflación el impuesto de los pobres y el más inmoral de todos, porque para muchos es imperceptible. Ya lo explicó Keynes, tan citado como menos leído, aunque el doctor en economía Sánchez quizá no recuerde la cita con precisión: «Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa». Es, en definitiva, la política fiscal de la envidia. El genio Albert Einstein tampoco la entendería.
El cambio en la secretaría de Estado de Hacienda y las deserciones en el Comité de Expertos para la reforma fiscal siguen sin explicación convincente»