El Gobierno evita aclarar si exigirá la ejecución del 25% de castellano
► La ministra de Justicia, Pilar Llop, señala ante el Govern que «las sentencias tienen que cumplirse»
La ministra de Justicia, Pilar Llop, fijó ayer la posición del Gobierno tras el ultimátum del TSJC para instaurar un 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán en un plazo máximo de dos meses: ha instado a la Generalitat a cumplir con el fallo aunque ha evitado aclarar si el Ejecutivo de Sánchez exigirá la ejecución forzosa si el Govern de Pere Aragonès acaba desobedeciendo.
Fue ayer en una reunión en Barcelona en la que coincidieron la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la consellera de la misma materia, Lourdes Ciuró. Una cita para abordar, entre otras cuestiones, la peliaguda y polémica sentencia que obliga a cumplir el 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, asunto complicado donde los haya en esta comunidad comunidad autónoma. «No puedo adelantar ni puedo hacer un comentario sobre escenarios que todavía no se han producido», se limitó a responder la ministra preguntada por si el Gobierno pedirá la ejecución forzosa de la sentencia, que ordena a la Generalitat garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias en todas las escuelas de Cataluña.
En este sentido, Llop esquivó el asunto recordando que el Ejecutivo catalán tiene dos meses para darle cumplimiento y no ha dado detalles sobre las posibles acciones futuras del Gobierno.
«Las sentencias tienen que cumplirse, otra cosa son las alegaciones que se hagan en el trámite de ejecución y yo no puedo adelantar ni pronunciarme sobre escenarios que todavía no se han producido», remarcó como argumento para evitar aclarar si la Moncloa pedirá la ejecución forzosa del fallo a través de la Abogacía del Estado.
Eso sí, Llop avisó a la Generalitat de que debe cumplir la sentencia que fija dos asignaturas de castellano en todo el sistema educativo de Cataluña: «Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se respeta la ley, la Constitución
y las sentencias».
Tras esgrimir este argumento para validar sus evasivas sobre la sentencia del 25% de castellano, la ministra aseguró que las lenguas «tienen que ser un elemento de la cultura de los distintos territorios, del país, y así también lo entiende la Constitución».
Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez puede instar al cumplimiento forzoso del fallo una vez transcurrido el plazo de dos meses y si la Generalitat no lo ejecuta: la causa parte de un recurso de la Abogacía del Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio de Educación, entonces del PP, contra varias resoluciones del departamento de Educación sobre la lengua, por lo que el Ejecutivo puede exigir su cumplimiento.
Primero, el Govern de Pere Aragonès tiene una semana para notificar al tribunal que ha recibido la comunicación y especificar quién y cómo se aplicará el porcentaje de castellano marcado por los tribunales, para luego darle cumplimiento en un máximo de dos meses. Eso sí, todo indica que la Generalitat no aplicará la ejecución de forma voluntaria, por lo que a partir de entonces se abre un nuevo periodo para forzar al Ejecutivo a que instaure el 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán de forma transversal. Por su parte , Ciuró replicó que la sentencia «no tiene ningún sentido, porque no es una cuestión de porcentajes».