Más de la mitad de los VTC, en peligro de extinción
► Las comunidades deben regular la actividad. Solo Madrid lo está tramitando
A nueve meses de que venza el plazo para que las comunidades autónomas regulen el negocio de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el panorama no puede ser más inquietante para el sector. Sólo una comunidad autónoma, Madrid, está tramitando una normativa para que esta actividad no desaparezca de golpe. En concreto, el pasado 23 de diciembre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó el Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que incluye una modificación en la Ley de Transportes para regular las VTC. Del resto de autonomías, apenas hay noticias. Y si no las hubiera antes de que termine octubre, el 55% del sector estaría casi abocado a la desaparición. El tiempo corre deprisa y los plazos estarían ya muy justos para cumplir fechas.
En la actualidad, los VTC siguen operando, aunque lo hacen gracias a una suerte de moratoria legal. Después de las protestas del taxi de julio de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 13/2018, que transfirió a las comunidades autónomas la responsabilidad de regular su actividad en trayectos urbanos antes de octubre de 2022. De no hacerlo, sus servicios quedarán circunscritos a trayectos interurbanos, lo que abocaría en la práctica a los afectados a su desaparición, ya que su negocio principal está en las ciudades. En previsión de que esto pudiera suceder es por lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) fijó un periodo transitorio de cuatro años hasta que hubiera regulación autonómica que haría las veces de compensación para las compañías que, hipotéticamente, tenga que cerrar su actividad porque no les sea rentable operar sólo trayectos interurbanos.
Pero, por el momento, la única comunidad que se ha puesto manos a la obra es Madrid, que concentra el 45% del sector, con casi 8.000 autorizaciones de las que unas 7.000 están activas. El sector de las VTC emplea en esta comunidad en la actualidad a 13.650 personas (empleo directo e indirecto), según los cálculos de la asociación del sector Aseval, que estima un potencial para el sector en la región de algo más de 1.000 millones de euros.
El resto de comunidades autónomas se enfrentan a lo que Aseval define como «un precipicio regulatorio» desde diferentes posiciones. Desde Unauto, otra de las organizaciones del sector, aseguran que el Gobierno andaluz les ha transmitido que aunque reconocen la dificultad para regular el sector, «están en ello». En esta región hay ahora mismo unas 2.000 autorizaciones activas, que generan unos 3.600 empleos y tienen un potencial de 372 millones. Por eso, el sector considera crucial que la Junta regule.
Si no se regulara antes de ofctubre, más de la mitad de los empleos se perdería directamente.
La regulación de la actividad tiene que estar lista antes de octubre para no crear un vacío legal Si no hubiera una legislación, el 55% del sector estaría casi abocado a la desaparición