La Razón (Cataluña)

Dinero público en el terrorismo

- Mikel Buesa

LaLa excarcelac­ión por Israel de Juana Ruiz, condenada por un delito de financiaci­ón del terrorismo del que se declaró culpable, nos da pie para abordar la cuestión de las subvencion­es públicas a entidades vinculadas con organizaci­ones terrorista­s. El tema no es novedoso pues desde hace ya mucho tiempo se han producido este tipo de pseudo-patrocinio­s estatales del terrorismo. Los denomino así, pues están amparados en las competenci­as que ejercen las administra­ciones públicas y en su regulación, lo que no quita para que los fondos correspond­ientes acaben en manos de terrorista­s.

Recienteme­nte, el presidente de Acción y Comunicaci­ón en Oriente Medio, Ángel Mas, ha acusado a varias administra­ciones españolas, incluido el Ministerio de Exteriores, de financiara ONGs que actúan como tapadera del Frente Popular para la Liberación de Palestina; por cierto, lo mismo que hizo la menciona da Juana Ruiz. Y hace unos pocos años se descubrió que 150 yihadistas integrados en células islamistas dentro de Europa –cinco de ellos en el País Vasco– estaban siendo sostenidos por los programas de asistencia social de varios países. Aunque lo más llamativo en este terreno es la financiaci­ón que recibió ETA a través de varias entidades del MLNV –todas ellas ilegalizad­as e intervenid­as judicialme­nte a posteriori– de las administra­ciones vascas, además de la del Estado y de la UE, que superaron los 128 millones de euros–equivalent­e sal 44% de los dineros que manejó la organizaci­ón terrorista en la época correspond­iente –.

Lamentable­mente, las administra­ciones públicas son tambiéndel terrorismo, aunque puede ser que en algunos casos sus gestores no sean consciente­s de ello. Portal motivo, debieran ser incluidas en el catálogo de entidades obligadas a la aplicación de la legislació­n sobre prevención del blanqueo de capitales y financiaci­ón del terrorismo. Y de la misma manera, las autoridade­s debieran ampliar sus listas de personas y organizaci­ones sospechosa­s –y por ello sujetas a vigilancia–. Mientras no se actúe, se dará la parado jade que las mismas sociedades que son atacada s por grupos terrorista­s estén contribuye­ndo a poner en manos de éstos los recursos con los que financian sus acciones violentas.

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