«Apocalipsis sicav»: adiós al 90% y a 20.000 millones
► La mayoría de gestoras han optado por la liquidación tras entrar en vigor la nueva normativa. Los analistas dudan que Hacienda haya logrado su objetivo de recaudar más
ElEl día del adiós al mapa de las sociedades de inversión de capital variable, más conocidas como sicavs, ha llegado. Y lo ha hecho con una «tasa de mortalidad» inversora del 90%. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lleva un mes de locura recibiendo comunicaciones de las gestoras, que debían informar sobre su futuro, si se adaptaban al nuevo marco regulatorio u optaban a disolverse o a transformarse en una nueva sociedad que aplique las nuevas condiciones formales y fiscales. Lo debían hacer antes del 31 de enero de 2022, fecha en la que finalizaba la prórroga otorgada por el Gobierno para la aplicación definitiva de la nueva normativa.
Una vez culminado este plazo, las cifras son demoledoras. Hasta finales del año pasado había activas 2.307 sicavs, con 362.909 accionistas y con unos volúmenes de inversión de 29.248 millones de euros, que según los analistas consultados por este periódico, sufrirán una traslación de capitales camino del régimen temporal de reinversión en IIC (instituciones de inversión colectiva) o en sociedades limitadas o incluso en sociedades anónimas –en una fase de transición a las que se han acogido las menos–, y hacia fondos en Luxemburgo –principalmente– o a países con mejores condiciones fiscales, que acumularían una cifra cercana a los 20.0000 millones de euros.
El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establece que las sicavs que no cumplan el requisito de que cada uno de sus al menos 100 socios alcancen una inversión mínima de 2.500 euros pasarán a tributar por un 25% de su beneficio, frente al 1% al que lo hacen actualmente.
El cambio normativo impulsado por el Ejecutivo estableció un régimen transitorio durante el año en curso, por el que se puede acordar la disolución y liquidación de estas sociedades sin costes fiscales y diferir la tributación de las ganancias derivadas de la liquidación, siempre que los accionistas reinviertan la totalidad de su cuota de liquidación en las IIC. En el caso de las personas jurídicas, éstas no podrán disfrutar de este régimen de traspasos, pero tienen opciones como la disolución y liquidación sin reinversión de las cuotas o la transformación en sociedad anónima o limitada, una decisión que depende, entre otros factores, del volumen de ganancias de la sicav en cuestión.
En un primer momento, las estimaciones sobre las posibles disoluciones de este tipo de sociedades iban a quedarse por debajo del 80%, pero según confirman tanto fuentes oficiales como de los bancos, la cifra ronda ya el 90%. Es decir, apenas dos centenares de sicavs han decidido mantenerse en España y asumir las consecuencias fiscales de su transformación o ya cumplían de antemano con tales requisitos.
A este último caso se han apuntado la mayoría de las entidades bancarias, que mantienen sus gestoras porque ya cumplían el criterio exigido. Así, CaixaBank, Credit Suisse, Bankinter, BNP Paribas, Andbank, Julius Baer, Gesconsult o Gesiuris han decidido apostar por la continuidad. Otras de las que se mantienen están en el Top Ten de las sicavs. Tal es el caso de Soixa Sicav, de Magallanes, con 257 accionistas y 378 millones de patrimonio –que el nuevo criterio para tributar al 1%–, o Swift Inversiones, brazo inversor de la familia Del Pino, que cuenta con 390 millones.
Según ha comunicado la CNMV, alrededor de medio centenar ha decidido transformarse en sociedad anónima, limitada o de inversión libre y más de un centenar confirmaban que tenían previsto mantener su régimen actual, asumiendo las correspondientes modificaciones del tipo impositivo aplicable.
Sin embargo, la gran mayoría ha notificado su intención de proponer a sus accionistas la disolución y liquidación a lo largo del ejercicio 2022, tras perder esa tributación del 1% en el Impuesto de Sociedades.
Esta semana finalizó el plazo oficial para notificar a la CNMV la decisión final sobre estas sociedades, su disolución o su transformación. Y el aluvión ha sido incesante, con un último estirón de más de 600 notificaciones que ha colapsado el proceso y que ha finalizado con uns más que esperada conclusión: nueve de cada diez sociedades de inversión de capital variable dejará de existir en España, por lo que el objetivo de Hacienda que lograr incrementar la tributación queda completamente en duda.
Así lo reconoce Javier Fernández-Pacheco, profesor del EAE Business School, a LA RAZÓN, que advierte de que «con las que traspasen el dinero a fondos extranjeros (Luxemburgueses principalmente) se perderá la tributación del 1%. La inversión en sí misma, no se pierde, aunque dependerá de dónde inviertan los nuevos vehículos. Estas gestoras no invertían sus fondos solo en España». Además de la tributación, «lo que sí se aleja es el centro de decisiones». Para Fernández-Pacheco, la intención del Gobierno era «solucionar una situación de supuesto fraude» tributario,
Apenas 50 sicavs se mantienen en España y asumirán un incremento fiscal del 1% al 25%
aunque «el dinero en las sicavs está perfectamente controlado, no es un dinero opaco, tan solo tributaba a un tipo reducido».
En el mismo sentido, Rodrigo Yagüe, profesor de OBS Business School y vicepresidente de RS Corporate Finance, explica que esta nueva normativa «trata de corregir todos los abusos y elusiones fiscales cometidas por algunas sicavs durante los últimos años». Sin embargo, critica que la reforma no se ha hecho correctamente «porque las plusvalías que se han generado en estos vehículos, por las que además no se ha tributado nunca, van a poder trasladarse a otros países sin tener que pagar impuestos por ello». Por tanto, para Yagüe, el Gobierno ha hecho «una jugada pésima porque lo que va a inducir es una fuga de parte de este dinero a otros países con mejores condiciones, y eso sin haber recaudado ni un solo euro por las ganancias generadas durante estos años».
Por contra, José Luis López Hermida, director de Cliente Privado y Family Offices de KPMG Abogados, cree que el origen de esta nueva legislación está equivocada ya que «parte de considerar que un vehículo es colectivo no por ser abierto (susceptible de recibir inversores en igualdad de condiciones), sino por la mera existencia de un número mínimo de inversores (100), cosa que no es compartida por la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno». Además, recuerda que las sicavs españolas «ya eran un vehículo sometido a supervisión, control y fiscalización. Incluso se podría decir que la información pública que proporcionaba sobre sus inversores principales era más detallada que la que dan los fondos de inversión». En cuanto a la posible pérdida de inversiones, López Hermida advierte de que «si las bancas privadas extranjeras se replantean la necesidad de una gestora de instituciones inversión colectiva en España, puede destruirse valor en la industria de gestión de activos establecida en España, en favor de una gestión desde el exterior». También tiene claro que son muchas las opciones abiertas para las gestoras que hayan decidido liquidarse. «Existen numerosas alternativas para los inversores, tanto desde el punto de vista de estructura legal (otras instituciones de inversión colectiva, seguros de vida Unit Link, sociedades anónimas o limitadas) como desde la óptica de la modalidad de activos en los que invertir, como fondos UCIT, fondos alternativos, capital riesgo, entre otros».