Clamor contra Borràs: el Parlament acató a la Junta Electoral antes del bloqueo
► La presidenta de la cámara dice que no lo sabía y responsabiliza a los funcionarios. Los partidos, incluido ERC, exigen respuestas
El caso Juvillà ha puesto a Laura Borràs contra las cuerdas. El Parlament dio de baja al dirigente de la CUP, secretario tercero de la Mesa y diputado condenado por desobediencia, el lunes 28 de enero, justo cuando la Junta Electoral Central (JEC) lo ordenó. Una fecha importante a tenor de los acontecimientos que se sucedieron después: la presidenta de la cámara y los grupos independentistas –Junts, ERC y la CUP– paralizaron la actividad parlamentaria en señal de protesta cuando ya se había acatado y las algaradas se sucedieron sin que el antisistema tuviera el acta.
Así consta en la página web del Parlament en la ficha del diputado, dado de alta el 12 de marzo –cuando arrancó la presente legislatura– y de baja de todos sus cargos, incluyendo su puesto en la Mesa, el 28 de enero, este mismo lunes. Borràs salió ayer al paso, dijo que desconocía que la cámara que ella preside había acatado la órden de la Junta Electoral desde el primer momento y responsabilizó a los funcionarios de haberlo llevado a cabo.
Sea como fuere, lo cierto es queya había acatado de forma automática la orden de la Junta Electoral cuando Borràs propuso en la Mesa del martes, un día después, paralizar la actividad en señal de protesta y desconvocar las comisiones previstas, un órdago apoyado por los partidos independentistas. De hecho, la iniciativa que planteó la propia Borràs en la reunión de la Mesa hablaba directamente de «paralizar» la cámara y suspender formalmente la actividad «sine die», según varias fuentes. Fue entonces cuando los letrados del Parlament advirtieron de las consecuencias penales que podría acarrear que la Mesa paralizara la actividad rutinaria de la cámara.
El caso de Juvillà y su gestión ha generado una auténtica polvareda en las últimas horas y ha evidenciado de nuevo las maltrechas relaciones entre Esquerra y Junts, socios en el Govern de Aragonès. En declaraciones a TV3, la portavoz republicana, Marta Vilalta, exigió a Borràs «aclaraciones» sobre cómo se le retiró el escaño a Juvillà, después del trato «injusto» que recibió Roger Torrent. Y es que en el seno de Esquerra molestaron, y mucho, las críticas y reproches que los posconvergentes y en especial Borràs propinaron al expresidente del Parlament cuado despojó del acta de diputado a Quim Torra en una situación similar a la de ahora con Juvillà.
Vilalta reclamó explicaciones sobre el desenlace del caso: «¿No pudo votar porque había un conflicto de intereses o porque ya no era diputado? Si no era diputado, ¿por qué no se comunicó públicamente antes que no era diputado e hicimos el pleno para decir que sí era diputado y que batallaríamos por sus derechos?».
Por su parte, la portavoz del grupo PSC-Units, Alícia Romero, pidió a la presidenta del Parlament que dé explicaciones sobre por qué ha «mentido» en el caso Juvillà, dando a entender que el cupero seguía siendo diputado cuando se le dio de baja a fecha 28 de enero. «El engaño es obvio y evidente», criticó la dirigente socialista en rueda de prensa desde la cámara catalana.
«¿Por qué hacemos un pleno para decir que un señor sigue siendo diputado si ya le has dado de baja?», exclamó la portavoz socialista.
Tanto la oposición como ERC cuestionan el relato de Borràs e indican que tan grave sería que hubiese mentido sobre la situación de Juvillà como que desconociera qué decisiones se estaban tomando. «Escudarse en los funcionarios es la peor manera de defenderlos», remachó Vilalta a través de las redes sociales.
También ayer, el Butlletí Oficial del Parlament publicó la baja de Pau Juvillà como diputado de la cámara, y detalla que la secretaria general, Esther Andreu, dio instrucciones «para que no se desatienda lo que exigen los acuerdos» de la Junta Electoral. «Por imperativo legal y para evitar el riesgo de incurrir en cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal, y sin perjuicio de la posición procesal defendida por el Parlament ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la secretaria general ha dado instrucciones».