La «geometría variable» que casi fulmina la reforma
►Intrahistoria de una jornada de «vértigo» que acabó con la división del bloque de investidura y que ha puesto contra las cuerdas a la presidenta del Congreso
«Taquicardias»,«Taquicardias», «vértigo», «infarto»... Estos son algunos de los calificativos que miembros del Gobierno utilizan para evocar la situación que vivieron el pasado jueves cuando la reforma laboral, su medida estrella, el acuerdo «histórico» rubricado con patronal y sindicatos, estuvo a punto de naufragar en el Congreso de los Diputados por la frágil mayoría que lo sustentaba. En un contexto de campaña electoral, los socialistas prefirieron explorar la «vía Ciudadanos» para exhibir centralidad y dejaron de lado a sus socios tradicionales, con una suma mucho más consolidada. Ese riesgo, el de confiar en una mayoría poco habitual y, a la vista de los resultados, poco fiable, acabó desembocando en una convalidación por la mínima, gracias a un «gol en propia puerta», como ya definen en Moncloa «la torpeza» del PP. Lo cierto es que en el Gobierno siempre desconfiaron de UPN, de quedar en manos de dos diputados que concurrieron coaligados con los populares a las generales y que mantienen un alineamiento total con Pablo Casado en sus posicionamientos en el Congreso. Mientras, en la cuota morada en Moncloa apuntan a la responsabilidad de la «geometría variable» preferida por el PSOE para convalidar la norma.
Moncloa cerró el apoyo de UPN al más alto nivel con un encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el presidente del partido, Javier Esparza. No obstante, el mismo día de la votación los socialistas comenzaron a percibir señales que no les cuadraban. Las dudas expresadas abiertamente por los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, su negativa a subir a la tribuna a defender su posición en la votación y el acercamiento al PP durante esa jornada hicieron saltar las alarmas. Sin embargo, «cinco minutos antes de la votación», tal como señalan fuentes socialistas, Cerdán se acercó a estos diputados y se les pidió confirmación de que nada había cambiado, de que todo seguía en los mismos términos que se habían pactado. La respuesta fue afirmativa.
El hecho de cerrar el acuerdo con UPN y Cs cerró la vía de los
socios. El Gobierno negoció hasta primera hora del mismo jueves al apoyo del PNV, cuya abstención tenía prácticamente cerrada y que no se acabó de materializar al contar con los números suficientes y ser los apoyos ya cerrados excluyentes y gratuitos. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hablaron esa mañana con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, antes de que el PNV confirmara que se mantenía en el «no». La abstención de los nacionalistas hubiera podido salvar «in extremis» la reforma laboral de haberse conocido que los dos diputados navarros se borraban.
La entente con ERC, sin embargo, estaba rota de antemano. Moncloa dejó de llamar a ERC cuando tuvo cerrado el apoyo de UPN, tal y como publicó este diario. La vicepresidenta segunda lo intentó hasta última hora del miércoles, cuando incluso llegó a enviar un coche oficial para recoger a Gabriel Rufián para que llegara al Ministerio de Trabajo, donde según se les trasladó también estaría presente el ministro de Presidencia para ver la última oferta: cinco medidas que recogían algunas de sus exigencias. Antes de acudir, Rufián confirmó con la parte socialista del Ejecutivo, Félix Bolaños, que la oferta de Díaz tenía su aval y la respuesta fue negativa. Rufián no se presentó en Trabajo y mantiene que la falta de coordinación entre las dos patas de la coalición ha contribuido a que no se sumaran al acuerdo. Desde ERC critican que desde Trabajo «se les mareaba continuamente con propuestas prácticamente iguales y vacías de contenido». Fue entonces cuando Díaz, tras dar por denostada la pinza con ERC llamó al portavoz naranja, Edmundo Bal, para agradecerle el apoyo. También el ministro de Presidencia llama a la líder de Cs para constrastar otra vez ese apoyo ante la débil aritmética.
Tras una jornada de casi 15 horas, al filo de las 18:15 horas Meritxell Batet confirma con semblante serio que «queda derogado el real decreto de la reforma laboral». En la bancada del Gobierno hay incredulidad y desconcierto. Sánchez trata de tranquilizar a sus vicepresidentas, Calviño y Díaz. Son 30 segundos eternos en los que el pánico también se traslada a las filas republicanas, que afirmaban antes de la votación que «no habrían apoyado la votación ni aunque hubiera corrido el riesgo de que fracasara». Más tarde, desde vicepresidencia se deslizó que en ese momento se comprobó que «algunos negociaron pensando que sí iba a salir», en referencia a ERC y la percepción de Díaz de que los socios votaban «no» contra ella y no contra la norma.
El Ejecutivo contaba con una votación 176 a 173. Pero los números que había trasladado la presidenta eran 175 a favor y 174 en contra. Se da cuenta de su error y se corrige. «Los servicios de la Cámara me informan de que queda convalidado el decreto ley». Se confirma la «traición» de los dos diputados de UPN. Ahora el escepticismo pasa a la bancada popular; ni siquiera el UPN entendía lo que pasaba. Segundos después el PP confirmaba que uno de los suyos había votado telemáticamente a favor por un error informático. Enseguida salen a defender que su diputado, que «estaba enfermo», había votado «no» pero que el sistema había recogido un «sí» y que al percatarse, se desplazó desde su domicilio en Madrid hasta San Jerónimo para tratar de votar presencialmente. El PP había informado antes de la votación del voto erróneo, pero Batet se negó a corregirlo y a que Alberto Casero entrara en el hemiciclo hasta el término de la votación. A las 20:00 horas se produce la tensa reunión entre Batet, Teodoro García Egea, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, donde como ha publicado LA RAZÓN, la presidenta reconoce que el sistema «está cogido con pinzas». El PP alude a un acuerdo de la Cámara en 2012 en el que los servicios del Congreso deben comprobar el televoto. La votación puede acabar en el Constitucional, mientras que PP y PSOE se acusan de «pucherazo» y «compra de votos».