La entrada de Ghali se agilizó para ocultarla a otros servicios secretos
► La Abogacía del Estado pide archivar la investigación a Laya
El Gobierno de Pedro Sánchez agilizó la entrada de Ghali en España –eximiéndole del control de pasaportes– para reducir el riesgo de que se enteraran los servicios secretos de otros países del espacio Schengen. De hecho, se le dispensó «el trato correspondiente a una delegación oficial» por razones de «cortesía diplomática internacional». Así lo asegura la Abogacía del Estado en el escrito en el que ha pedido al juez Rafael Lasala que archive la investigación a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya y a quien fuera su jefe de gabinete, Camilo Villarino.
En el trasfondo, la cautela del Ejecutivo para evitar que la acogida el líder del Frente Polisario llegara a oídos de Rabat, provocando un altercado diplomático que resultó finalmente inevitable cuando el asunto se hizo público y que vino además acompañado de una grave crisis migratoria en la frontera de Ceuta.
En esa petición de archivo, la defensa de la ex ministra expone que Ghali y su hijo llegaron a España el pasado 18 de abril “en un avión oficial de la Presidencia argelina” y “al amparo del acuerdo hispano-argelino vigente en materia de sobrevuelos sobrevuelos de Estado”. Con esas premisas, subraya, «se les dio el trato correspondiente a una delegación oficial (por ejemplo, no cobrando tasas aeroportuarias)».
Aunque las delegaciones oficiales, argumenta, «nunca son objeto de un control de aduanas» y únicamente se procede al sellado de los pasaportes, en este caso «no era necesario» dado que Ghali era« una personalidad extranjera».
Detrás de la decisión de eximirle del control de pasaportes, expone la abogada del Estado María del Mar González Bella, no había ningún ánimo de ocultar a la Justicia la entrada del líder del Frente Polisario, sino que solo obedecía a la reserva para evitar que esa información «pudiera acabar en poder de países terceros». «La realización de un control de documentación en el aeropuerto de Zaragoza habría conllevado inevitablemente el conocimiento de dicha entrada por un número mayor de personas y, por lo tanto, habría aumentado el riesgo de que servicios secretos de países del área Schengen tuvieran acceso a esta información», asegura. «Cuantas más personas conozcan un dato, más posibilidades hay de que éste transcienda a ámbitos no deseados», deja claro. En todo caso, subraya, «no puede equipararse la discreción y la reserva en la entrada con la ilegalidad de la misma».
«Es cierto que se permite la entrada en España de Brahim Ghali y su hijo, sin control de pasaportes –reconoce–, pero por razones humanitarias, de manera legal, sin vulnerar ninguna norma».
Tanto González Laya como Villarino, defiende, «desconocían la existencia de procesos judiciales en España de Brahim Ghali, sin que por lo tanto pudiera haber una intención de eludirlos».
Por otro lado, un testigo (el conductor de la ambulancia que trasladó a Ghali a Logroño) ha asegurado a la Policía que ese día se encontraba en la base militar de Zaragoza un individuo «vestido con traje y corbata de paisano» que «dirigió» a pie de pista la operación y se encargó de «coordinar» su traslado. La acusación popular que ejerce el letrado Antonio Urdiales ya ha pedido al juez Lasala que inste a la Policía a identificar a esa persona, quien según algunas fuentes podría ser un mando militar de la propia base.