Preocupación en el TS: «Parecen buscar que el tribunal toque fondo»
► Tras reunirse con Llop, en el Supremo creen que Justicia quiere achacar la carga de trabajo al bloqueo del CGPJ
El Tribunal Supremo reclama al Gobierno medidas «urgentes» para aligerar la carga de trabajo que arrastra desde hace años por el aumento de la litigiosidad, una situación agravada por las doce vacantes que siguen sin cubrirse por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tras la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos no puede hacer nombramientos mientras siga en funciones (y así lleva, por ahora, más de tres años).
Como no podía ser de otra forma, la incapacidad de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que agotó su mandato en diciembre de 2018– estuvo ayer muy presente en la reunión entre la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, encabezada por el presidente de la institución, y del CGPJ, Carlos Lesmes (quien según fuentes presentes en el encuentro hizo «una intervención muy crítica») y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Fuentes del alto tribunal califican la reunión de «decepcionante», porque entienden que la ministra se «enrocó» en la tesis de atribuir los problemas de funcionamiento de la institución a la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, que si no se produce el desbloqueo hará que el Supremo tenga el 20 por ciento de sus plazas vacantes el próximo octubre. Hasta el punto de que, lamentaban tras el encuentro, «la sensación es que se pretende que el Tribunal Supremo toque fondo para echar la culpa a la no renovación del Consejo».
Y es que desde el alto tribunal insisten en que las necesidades de medios personales y materiales para disminuir la carga de trabajo se arrastran desde hace años y no son achacables en exclusiva a la falta de acuerdo político para elegir a un nuevo CGPJ. De hecho, aunque la Sala de Gobierno (integrada por Lesmes y los presidentes de cada Sala, entre otros) puso de manifiesto su «preocupación» por la no renovación del Consejo, matizó que también existen «otros planos de preocupación extraordinaria importancia ajenos a esta situación que se están prolongando en el tiempo».
Ante esa disparidad de diagnóstico, la ministra instó a Lesmes a elaborar un informe en el que se detalle qué necesidades del Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad (que se ha acentuado aun más si cabe por la pandemia) y cuáles se deben al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.
El Ministerio, mantiene Llop, «no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad», por lo que ve necesario «disociar una cosa de la otra». «Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo».
Como suele suceder en estos casos,el Tribunal Supremo ex puso sus reivindicaciones y el departamento que dirige Llop, las reformas que se han puesto en marcha. Sobre todo, el refuerzo aprobado en abril del pasado año que se plasmó en el nombramiento de doce letrados para ayudar al Gabinete Técnico del TS en las tareas de admisión o inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos. «Una medida de carácter extraordinario» para la ministra, pero insuficiente para el alto tribunal porque–se queja–nos e vio acompaña da« por el incremento de personal administrativo»que auxiliar a a esos letra dos en su trabajo( el tribunal reclama un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo).
Pero, ¿cuáles son las principales demandas del Tribunal Supremo al Ministerio de Justicia? En la Sala de lo Civil (una plaza vacante y un aumento del 42,5% de la carga de trabajo por la pandemia) considera «extremadamente necesario» el nombramiento de cinco letrados. En la Sala Penal (la única que no tiene una sola vacante, pero que ha visto aumentar la litigiosidad un 27% en 2021), la reclamación hace referencia a la alta interinidad de la plantilla de funcionarios, por lo que se piden incentivos económicos que eviten tantos traslados.
La Sala de lo Contencioso es la que más vacantes arrastra, seis (que serán ocho con la inminente jubilación de dos magistrados), una situación que se verá agravada, advierte el TS, por la «litigiosidad masiva» con el aluvión de recursos previstos reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas aplicadas para frenar la pandemia.
En la Sala de lo Social, tres son las vacantes, y dos más se producirán en 2022, lo que reducirá a ocho la plantilla de magistrados. De ahí que la petición sea muy concreta: cuatro nuevos letrados y dos funcionarios de apoyo.
Además, el TS puso sobre la mesa la necesidad de abordar reformas legales para, por ejemplo, instaurar un único recurso de casación en la jurisdicción civil y para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes en el ámbito penal cuando la Fiscalía o el resto de acusaciones impugnan su recurso.