El 42% de las empresas no puede contratar por la morosidad y los impagos

► Siete de cada diez facturas emitidas se abonan con retraso

La recuperación económica mantiene el pulso pese a los altibajos y las sombras que se ciernen sobre el horizonte, como la morosidad o las dificultades para la contratación, que en este caso van de la mano, ya que el 42% de las empresas españolas confirma que los impagos le impiden contratar nuevos empleados. Por tanto, el retraso en el pago de facturas por parte de clientes está obstaculizando claramente la creación de empleo, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum. Mientras que la economía nacional se va recuperando poco a poco, los impagos siguen causando dificultades económicas y operativas para una gran parte del entramado empresarial, como es la imposibilidad de contratar nuevos empleados. A pesar de ello, su impacto ha descendido respecto a hace un año. El efecto de la morosidad en la creación de empleo ha caído desde 2020 10 puntos, cuando el 52% de las compañías no podían incrementar su plantilla por este motivo. Un situación común en el resto de economías europeas. Así, en Reino Unido se ha producido un decrecimiento similar de 10 puntos, Alemania ha pasado del 59% al 42% y Francia ha bajado del 57% al 45%. Por el contrario, en Italia se ha producido un incremento de 7 puntos porcentuales, en contra de la tendencia en otros países.

Según la encuesta, el abono tardío de facturas sigue considerándose una amenaza real. Para 8 de cada 10 empresas españolas, tanto los retrasos como las largas condiciones de pago son problemáticos para su negocio y para las futuras contrataciones, con una afectación del 81% y 83%, respectivamente. Resulta llamativo el incremento de 14 puntos porcentuales sobre que la principal causa para no contratar son las largas condiciones de pago que sufren las empresas.

Estas cifras van en línea con las principales estadísticas del último Observatorio de Morosidad de Cepyme, publicado a principio de febrero, que recoge que el 70,5% de las facturas emitidas se abonan con retraso y que el periodo medio de pago ha crecido hasta los 82,5 días, por encima de los 60 establecidos por ley. Estos datos evidencian que la reapertura de la actividad no se ha traducido en un impulso del pago de la deuda atrasada, sino que continúa afectando a pilares imprescindibles de las organizaciones como la ampliación de plantilla. Según recoge el informe, este contexto deja patente la necesidad de poner mayor hincapié en medidas para protegerse contra la morosidad, como puede ser el pago por adelantado, las valoraciones de crédito, el seguro crediticio, la petición de garantías bancarias, el «factoring» el asesoramiento de una empresa especializada en prevención y gestión de impagados.