ONG piden a Sánchez que Hipra no tenga licencia exclusiva
► El objetivo es que se garantice el acceso «global» a esta vacuna y las del CSIC
Una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) del ámbito de la salud exigieron ayer al Gobierno imponer condiciones en los contratos de financiación de la vacuna Hipra para que la licencia no sea exclusiva de este laboratorio y se garantice el acceso a la misma, ya que el Ejecutivo «ha invertido millones de euros en su desarrollo».
Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización Médica Colegial, No Gracias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y Amnistía internacional, entre otras, firman la carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que haya más protección de la inversión pública que se está destinando al desarrollo de las vacunas.
El documento recalca que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de las farmacéuticas.
Las organizaciones mostraron especial preocupación por el caso de Hipra, la compañía española que desarrolla una vacuna contra la covid que, actualmente, está desarrollando su ensayo clínico en fase 3, con 3000 pacientes de 15 hospitales de España, Italia y Portugal. «Para la investigación y el desarrollo de la vacuna –recordaron las entidades– la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. La carta también hace referencia a los prototipos vacunales que desarrolla desarrolla el CSIC, y pide que se incorporen a C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de los antídotos y de otras herramientas contra la covid.
A juicio de estas ONG, «nada garantiza que, cuando estas vacunas empiecen a producirse, puedan llegar a todas las personas que las necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras». Por ello, alertaron a Sánchez de que «se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración proporcional a sus esfuerzos de inversión». Como ejemplo, señalan el de la vacuna Corbevax, desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine y cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.
En noviembre de 2021, España fue el primer país en sumarse a C-TAP, incorporando a esta plataforma un test diagnóstico desarrollado por el CSIC. Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo.
La misiva hace referencia a ello para indicar que «España tiene la oportunidad de avanzar y liderar a nivel mundial el planteamiento de soluciones concretas para conseguir un acceso y una distribución justa y equitativa de las vacunas», añaden.
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