La brecha de la pensión entre asalariados y autónomos es de 567 euros
► Las asociaciones del sector discrepan sobre la forma de revertir la situación y sobre el nuevo plan de cotizaciones de Escrivá
La Seguridad Social pretende acelerar la implantación del nuevo sistema de cotización por tramos que ha presentado a las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y esta semana pondrá sobre la mesa de negociación una nueva propuesta que le acerque posturas con los representantes de estos trabajadores. Su intención, además del aumento de las cuotas y de la recaudación, es incrementar las pensiones de este colectivo, que cifra muy por debajo de la media de los trabajadores del Régimen General. Así, la pensión media de jubilación del régimen de autónomos (RETA) está 567 euros por debajo de la del general, una diferencia que recuerdan ha aumentado en los últimos años y que los representantes gubernamentales han presentado como principal razón para el cambio de sistema de cotización.
Según los últimos datos ministeriales recabados por Efe, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General en febrero era de 1.398,5 euros mensuales frente a los 831,16 euros de la de autónomos, una brecha de casi el 40% o esos 567,34 euros. La diferencia es ligeramente superior a la nómina de enero, cuando fue de 566 euros, y está por encima de las medias de 2021 y 2020. En 2020, la pensión de jubilación media del Régimen General fue de 1.307,35 euros frente a los 776,24 de autónomos, una brecha de 531,11 euros; mientras que en 2021 esa media de pensión de jubilación en el General fue de 1.335,19 y se quedó en 792,94 euros para el RETA, una diferencia de 542,25.
Sin embargo, estos argumentos no han convencido del todo a las asociaciones. ATA ha sido la más beligerante y la que ha rechazado abiertamente y sin tapujos la propuesta del ministro José Luis Escrivá, con el que han sido muy críticos al acusarle de usar el nuevo sistema únicamente «con afán recaudatorio» al tacharlo de «confiscatorio e intervencionista» y que «no da verdaderas soluciones a los problemas» del sector. Su presidente, Lorenzo Amor, ha cargado en varias ocasiones con lo que califica como «mentiras premeditadas», entre las que destaca, precisamente, que el cambio del sistema sea para mejorar las prestaciones del colectivo ya que los autónomos «pueden con el sistema actual elevar su cotización cuando quieran. En realidad es la Seguridad Social la que tiene topada la base máxima de cotización para una parte muy importante de los autónomos, los mayores de 47 años, a los que no se les permite pagar por encima de los 2.000 euros». Además, Amor recuerda que los autónomos pueden pagar la cotización máxima y «tener la misma pensión» que un trabajador del Régimen General.
Por su parte, UPTA ha sido la asociación más dispuesta a apoyar el cambio que propone Escrivá, con el que comparte argumentario de que «los que más ganan paguen más» y que los que «menos ganen paguen menos», y que el incremento de la cotización «mejorará sustancialmente las pensiones». Para su presidente, Eduardo Abad, «los autónomos que se están incorporando a la jubilación llegan con carreras de cotización precarias, la mayoría cotizando por la base mínima durante toda su vida profesional –supera incluso el 80%, según sus cálculos–, y eso hay que cambiarlo». Abad cree que el sistema de cotización en función de los ingresos reales no será suficiente para reducir esa brecha, por lo que pide activar otras medidas, como «un método de incentivos fiscales para motivar que los trabajadores autónomos realicen aportaciones voluntarias en sus bases de cotización a la finalización del ejercicio fiscal, pudiendo de esta forma complementar sus aportaciones al RETA y mejorando sustancialmente las futuras pensiones.
Uatae, por su parte, ha sido algo más crítica con la propuesta, aunque comparte con Escrivá los términos generales. Sin embargo, exige que en la negociación se aborde «un avance sustancial en la protección, para dejar de ser los jubilados más pobres, y para poder tener las mismas prestaciones y coberturas sociales que los asalariados». Para ello presentó una contrapropuesta en la que exigió que se reduzcan las cotizaciones de los que tengan ingresos inferiores a 1.500 euros al mes, al tiempo que planteó establecer una cuota mínima de 70 euros mensuales para los que obtengan beneficios inferiores a 350 euros y ofreció reformular el esquema de tramos.