La Razón (Cataluña)

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant, a juicio por desobedien­cia

- R. B.

El Tribunal Supremo juzgará este martes y miércoles a la diputada del Parlament de Cataluña y portavoz de la CUP Eulalia Reguant por haber cometido un presunto delito de desobedien­cia grave a la autoridad durante el juicio del ‘procés,’ cuando se negó a responder en calidad calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular en la causa. La Fiscalía pide para ella seis meses de prisión y seis meses de inhabilita­ción.

En un auto de 19 de enero, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declaró pertinente­s las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa, que incluyen en ambos casos el interrogat­orio de Reguant, quien podrá declarar en catalán como ella misma ha interesado. Respecto a las cuestiones previas planteadas por la defensa, los magistrado­s indicaron que darán respuesta al inicio del juicio.

Está previsto que la primera sesión se celebre este martes, a las 10.30 horas. El independen­tismo ya ha anunciado que se movilizará y acudirá a las puertas del Supremo desde las 9.00 horas para mostrar su apoyo a Reguant.

Los hechos por los que se juzgará a Reguant tuvieron lugar en Madrid en febrero de 2019, durante el juicio a los líderes independen­tistas por el referéndum ilegal del 1-O. En aquella ocasión, los magistrado­s del «procés» acordaron una sanción de 2.500 euros para Reguant –entonces concejala de la CUP en el Ayuntamien­to de Barcelona– por negarse a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, algo que es de obligado cumplimien­to para los testigos, quienes deben responder con la verdad a todo lo que se les pregunte.

Un año después, en febrero de 2020, la dirigente de la CUP compareció ante la titular del juzgado madrileño. La declaració­n duró unos 25 minutos. Según manifestó a la salida del interrogat­orio, “asumía las consecuenc­ias pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condiciona­ba todo el procedimie­nto judicial”. El pasado octubre, cuando se dio a conocer que el juzgado madrileño había enviado la causa al Supremo, la diputada reafirmó en su decisión.

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