El Parlament relega al letrado mayor por las licencias de edad
► La secretaria general, mano derecha de Borràs, le recorta varias competencias a él y a su antecesor en el cargo en pleno debate sobre qué hacer con las prejubilaciones Cristina Rubio.
La medida llega tras una discusión por el informe sobre el carácter retroactivo de retirar las pagas
Parlament y Laura Borràs vuelven a estar en el centro de la polémica por las licencias de edad, las prejubilaciones doradas a funcionarios que no trabajan y cobran íntegramente su sueldo entre los 60 y los 65 años. La secretaria general de la cámara, Esther Andreu, y mano derecha de la presidenta ha relegado al letrado mayor de la cámara, Miquel Palomares, después de que ambos discutieran en la reunión de la Mesa de ayer por el informe jurídico que debe analizar si se pueden retirar las licencias de edad a los funcionarios que ya las tienen.
En concreto, la mano derecha de Borràs ha rebajado sus funciones apenas 9 meses después de su designación. El Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña publica este jueves la orden de retirar a Palomares las funciones de dirección de los servicios jurídicos de la cámara -entre ellas, asignar la redacción de informes o documentos, por ejemplo- que le fueron delegadas en el momento de su elección, en verano del año pasado. También aparta a su antecesor Antoni Bayona de las tareas de asistencia y asesoramiento jurídico especializado a la Mesa y Junta de Portavoces.
El origen de la disputa está en la elaboración del informe que el pasado 18 de enero la Mesa encargó encargó a los letrados para saber si se pueden revocar las licencias de edad ya aprobadas antes de la supresión de este régimen especial, que permitía a mayores de 60 años percibir su sueldo íntegro sin ir a trabajar hasta la jubilación. En concreto, son 21 las ya ejecutadas y 12 las que Borràs concedió en su mandato y que aún no se han emEl pezado a pagar. El foco está ahora sobre estas y el informe de los servicios jurídicos de la cámara debe servir de guía a la Mesa para decidir qué hacer.
En un primer momento, el encargado de liderar ese informe fue el letrado mayor, que empezó a redactar un documento junto a seis letrados más que avalaba la posibilidad actuar con carácter retroactivo sobre la treintena de funcionarios que disponen de una licencia de edad. No obstante, una parte de los servicios jurídicos de la cámara catalana no comparten este punto de vista y Andreu decidió encargar un informe alternativo a otro letrado, Ferran Domínguez.
Este último lo firmó y lo registró el martes en la cámara, pero no se incluyó en el orden del día del órgano rector. La polémica saltó cuando en la Mesa apareció la duda sobre el documento y tanto Andreu como Palomares chocaron en las versiones, según confirmaron a este diario fuentes parlamentarias. Cabe recordar que la secretaria general fue nombrada recientemente por Borràs para relevar a Xavier Muro, un hombre que se había mostrado muy crítico por cómo procedía el independentismo en la cámara catalana.
Ahora, la Mesa del Parlament espera tener el informe la semana que viene y escuchará todas las observaciones de los servicios jurídicos en la sesión previa al pleno del miércoles y el jueves.
Sin embargo, la maniobra de Andreu, la mano derceha de Borràs, ha evidenciado el conflicto y la polémica existente después de que saltara a la opinión pública el pago del sueldo íntegro a funcionarios que no trabajan. Y es que la decisión llega después de las prejubilaciones doradas otorgadas por la cámara y tras la petición de Bayona de abrir una investigación sobre las «trabas de transparencia» a la hora de gestionar este caso.
Andreu negó «rotundamente» las acusaciones de Bayona, a quien culpó de bloquear el órgano de transparencia, del que el letrado mayor forma parte. Y Bayona acabó dejando este puesto en señal de protesta.