Cerco por un contrato a dedo para mascarillas C. R.
El Govern niega irregularidades en el pago de 35 millones que investiga Antifrau
En marzo de 2020, apenas unos días después del primer caso de coronavirus en Cataluña y con todas las miradas puestas en Wuhan, foco de la pandemia que estaba a punto de arrasar medio mundo, la Generalitat otorgó a dedo un contrato de 60 millones de euros para la compra de material sanitario, en concreto de mascarillas y EPIs. Y lo hizo a una empresa desconocida –Basic Devices– sin experiencia demostrable y a la que pagó por adelantado un poco más de la mitad del importe, importe, unos 35 millones, tras un acuerdo con los departamentos de Salud y Economía, ambos controlados por ERC con Alba Vergés y el propio Pere Aragonès a la cabeza.
La operación, pese a estar permitida por el paraguas jurídico del estado de alarma, ha hecho sonar todas las alarmas tras la investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña y obligó al actual consejero de Salud, Josep Maria Argimon, a comparecer en el Parlament para negar cualquier tipo de «irregularidad» y rendir cuentas entre críticas de la oposición.
Argimon –por aquel entonces director del Instituto Catalán de la Salud, el ente que realizo la compra– desganó los detalles de la maniobra, ha recordado que a pesar de las críticas Antifraude no ve ningún «elemento delictivo o de corrupción» y admitió que fue una «operación de riesgo» en un momento de «máxima incertidumbre». «Hicimos lo que hacía falta, Salud no se equivocó», despachó el consejero.
Cabe recordar que los contratos por la vía de emergencia se habilitaron con el estado de alarma, en marzo de 2020, sin requerir una licitación pública.
Antifraude, el ente fiscalizador dependiente del Parlament, considera que la empresa Basic Devices, que recibió este encargo de emergencia de material sanitario por parte de la Generalitat en marzo de 2020, tenía unas referencias «débiles», además de que el anticipo que la firma recibió de unos 35 millones de euros fue una «temeridad» por la «falta de cobertura legal», por lo que ha pedido información al Govern sobre esta contratación. Y es que, además del montante entregado, el punto de mira está puesto en la empresa, sin actividad ni experiencia previa en el registro de la Generalitat y con un capital social de 4.000 euros.