Un gobierno estable para Castilla y León

NoNo parece que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sea el más indicado a la hora de establecer qué política de pactos debe seguir el Partido Popular, ya sea en Castilla y León o en cualquier otro lugar de España, entre otras razones, porque sus acuerdos parlamentarios, en lo que eufemísticamente denominamos geometría variable, presentan el denominador común de un utilitarismo de corto alcance y fecha de caducidad. Con un problema añadido, como es la absurda pretensión de que un partido que sufrió un inicuo «cordón sanitario» en Cataluña, con la participación entusiasta del socialismo, aplique a Vox la misma medicina excluyente, disfrazada en la falacia de la línea roja antifascista. Esa es, precisamente, la cuestión de fondo que había que resolver y que, de hecho, ha resuelto el presidente de facto del PP, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que la única línea roja se encuentra en la Constitución. Desde esta perspectiva, Alfonso Fernández Mañueco siempre ha tenido toda la legitimidad para negociar con Vox, cuyas propuestas políticas podrán gustar más o menos pero, desde luego, no atentan contra los principios de nuestra Carta Magna, ni siquiera cuando ponen en cuestionamiento el modelo autonómico, del que, paradójicamente, quieren ahora formar parte. Por supuesto, existen diferencias ideológicas entre el Partido Popular y la formación de Abascal, que van más allá del modelo territorial y que no son fáciles de soslayar, pero hay suficientes puntos de contacto como para no considerar descabellado un gobierno de coalición en Castilla y León entre ambos partidos, cuya suma, dicho sea de paso, representa al 49 por ciento de los votantes. Hablamos de un Ejecutivo con suficiente respaldo parlamentario, que no estaría sujeto a intereses excesivamente localistas y que podría garantizar la estabilidad de la legislatura, aunque, eso sí, siempre que las condiciones del pacto, incluida la letra pequeña, queden perfectamente establecidas antes del acuerdo y guarden la proporción del apoyo electoral recibido por cada una de las opciones. Porque el hecho básico del que hay que partir es la victoria del Partido Popular en las urnas. Que no fuera todo lo contundente que se presumía, no empece para que Fernández Mañueco derrotara al candidato socialista, Luis Tudanca, que se dejó siete escaños en el envite, circunstancia que los socialistas han tratado de disimular ante la opinión pública, hay que reconocerlo, con cierto éxito. Un acuerdo entre el PP y Vox presenta, además, otra ventaja no menor, por cuanto diluiría la presión de las nuevas formaciones de ámbito local, un elemento que, a la larga y dadas las peculiares características de nuestro sistema electoral, puede convertirse en un factor de inestabilidad política de consecuencias nada desdeñables.