La Fiscalía firma un decreto para guardar pruebas de la guerra
► Delgado encarga a la Audiencia que recabe material para posibles juicios internacionales
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, firmó ayer un decreto para poder guardar todo lo que sirva de prueba en futuros procesos judiciales derivados de la guerra en Ucrania. Estas diligencias han sido encomendadas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que será el encargado de recabar todo lo que tenga relación con la invasión rusa. El documento hace extensible la Ley que otorga la competencia a los tribunales españoles para «conocer de distintos hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse» como algún delito dentro del ordenamiento jurídico de España.
La finalidad es, por tanto, establecer un paraguas legal que sirva de soporte para actuaciones futuras. Es decir, participar de forma activa en la cooperación internacional para asegurar, por un lado, que no se destruyen pruebas y, por el otro, que se canalizan de forma correcta a los homólogos competentes en Kyiv. «La agresión que padece la nación soberana de Ucrania no solo es un acto de guerra injustificada y, por tanto, no amparado en normativa internacional alguna, sino que además de la violación de su soberanía se están originando otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario», explica Delgado citando los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, así como el Convenio de Ginebra de 1949.
En la enumeración que hace el propio Ministerio Fiscal sobre lo que posibilita este decreto está preservar los elementos del delito, poder señalar a las personas responsables y a las víctimas, garantizar la integridad de los elementos de prueba, constituir vía adecuada internacional y asistir a los países que lo necesiten, así como transmitir y recibir información. Dice Delgado que «Rusia y sus dirigentes» no están amparados por la legalidad y añade que la Carta de Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza no solo porque hay que respetar la paz, sino porque hay que preservar la soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados miembros. «No existe legítima defensa en el ilícito actuar por parte de la Federación de Rusia», expone el decreto.
Con este telón de fondo, la Fiscal General detalla los mimbres legales sobre los que abre estas pesquisas. Aunque una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -realizada en 2014 por el Gobierno del PP- limitó las competencias de los jueces españoles para indagar en el extranjero, Delgado se aferra a algunos resquicios legales. Primero a un artículo de la Constitución que dice: «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España». Y a esto añade que «nadie puede dudar de la existencia de víctimas de nacionalidad española» en Ucrania. Por tanto, si hay españoles implicados en las consecuencias de la contienda la «defensa de sus intereses solo se puede realizar a través» de la Fiscalía.
La Justicia española puede conocer delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español, contra un ciudadano extranjero que resida en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada”. Pero Delgado con la citada frase en la que dice que todavía pueden producirse víctimas españolas estira la jurisdicción española hasta cubrir el conflicto bélico ucraniano.
Delgado se apoya en la Constitución y en la posibilidad de que haya víctimas españolas El decreto habla de «guerra injustificada» y cooperación con los países de la ONU