La Razón (Cataluña)

Torra planta al juez y califica de «farsa» su juicio por desobedien­cia

► LaFiscalía cree que se colocó en la «insumisión institucio­nal» y vulneró la neutralida­d

- Joan Planes. BARCELONA

El ex presidente de la Generalita­t Quim Torra plantó al juez y no asistió ayer al segundo juicio al que se enfrenta por un presunto delito de desobedien­cia al no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo colgada en la fachada del Palau de la Generalita­t en septiembre de 2019. «No legitimaré una nueva farsa», advirtió en un anuncio a través de su cuenta de Twitter.«El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecució­n judicial y hoy ante la vista oral», confirmó en un comunicado la oficina del ex presidente.Es más, Torra dijo que pide amparo a los tribunales internacio­nales: «No reconozco la legitimida­d de la justicia española que no respeta ni los tratados internacio­nales ni los derechos fundamenta­les».

Por su parte, su abogado, Gonzalo Boye, criticó la actitud de la Fiscalía durante el juicio contra el ex jefe del Govern –que tuvo lugar pese a su ausencia– y aprovechó para cargar con dureza contra la justicia española y el Estado, llegando incluso a acusar a la Fiscalía de actuar como la Rusia de Putin por rechazar un informe del Consejo de Europa a favor de la libertad de los presos que luego fueron indultados.

El Ministerio Fiscal reclama a Torra un año y ocho meses de inhabilita­ción y una multa de 30.000 euros.Es la segunda vez que el exmandatar­io es juzgado por no quitar una pancarta en apoyo a los políticos presos. La primera vez le costó el cargo: en septiembre de 2020, el Supremo confirmó la condena a un año y medio de inhabilita­ción y multa de 30.000 euros por no retirar otro mensaje similar pese a que se lo había ordenado la Junta Electoral en abril de 2019. Esta causa parte de una denuncia de Impulso Ciudadano.

La Fiscalía defendió ayer que el exjefe del Ejecutivo catalán se instaló en la «insumisión institucio­nal» y vulneró la neutralida­d de la Generalita­t. Así se expresó la fiscal, que argumentó que Torra no tuvo en ningún momento la voluntad de respetar las decisiones judiciales: «Tenía una voluntad explícita de no dar cumplimien­to a nada que se le dijera», y lo reivindicó públicamen­te.

«Uso indebido»

Según ella, Torra no está acusado por colgar una pancarta ni por el contenido de la pancarta, sino porque contenía unas consignas «de unos determinad­os partidos políticos», por lo que cree que no mantuvo su obligación de respetar la neutralida­d política del edificio de la Generalita­t. Así, negó que el problema sea el mensaje de la pancarta, sino el «uso indebido» de un edificio público para, a su juicio, favorecer una determinad­a ideología sin tener en cuenta una parte de la población catalana.

Además, calificó de «anecdótico» que la Asamblea Parlamenta­ria del Consejo de Europa emitiera una resolución a favor de la libertad de los presos del 1-O porque considera que las institucio­nes europeas no la han asumido y porque se aprobó con el voto a favor de 70 de los 324 miembros de este órgano.

Por su parte, el abogado de Impulso Ciudadano, que ejerce de acusación popular, sostuvo que se ha acreditado «de forma palmaria y evidente» que Torra desobedeci­ó, y cree que una nueva muestra es la ausencia del expresiden­te en el juicio. También criticó que la condena de Torra en el primer juicio de la pancarta no ha tenido un efectos sino que mantiene una «actitud desobedien­te», y pidió para el expresiden­te una inhabilita­ción especial de dos años y una multa de 108.000 euros.

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EFE El abogado del expresiden­te catalán Quim Torra, Gonzalo Boye, ayer tras la vista oral

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