El poder de las sanciones
►Occidente debería distinguir entre los millonarios que defienden y garantizan el régimen de Putin y quienes estarían felices de deshacerse de él
ConCon la guerra de Rusia en Ucrania a punto de cumplir un mes, las naciones occidentales siguen imponiendo cada vez más sanciones contra Rusia, sus empresas, funcionarios gubernamentales y oligarcas. Las sanciones contra este último grupo parecen las más polémicas de todas las medidas tomadas. Por supuesto, las razones para perseguir a los ricos de Rusia son muchas. Durante años, «importaron la corrupción» a los países occidentales mientras traían su dinero lavado a Europa y Estados Unidos. Dado que sus imperios se levantaron usando sus vínculos personales con políticos rusos, no estamos solo ante casos de corrupción, sino también de influencia política. A muchos de ellos se les considera como las «billeteras de Putin» al ser considerados testaferros del dictador ruso.
Desde el 24 de febrero, más de 100 oligarcas rusos han sido incluidos en las listas de sanciones de EE UU, Reino Unido y la UE. Entre ellos hay tanto multimillonarios que vivían en Reino Unido y Europa durante años, como los que prefirieron no salir de Rusia. Muchos han perdido (o podrían perder) sus bienes: las autoridades europeas han requisado al menos cinco megayates pertenecientes a Alisher Usmanov (un industrial ruso cercano a Gazprom), Andrey Melnichenko (propietario de empresas rusas de fertilizantes y carbón), Igor Sechin (poderoso consejero delegado de Rosneft) y Sergei Chemezov (director de Rostech, un contratista de defensa).
Activistas británicos ocuparon una mansión en Kensington de Oleg Deripaska, productor de aluminio de Rusia; Roman Abramovich, probablemente el oligarca ruso más famoso, fue expulsado de Reino Unido dejando al club de fútbol Chelsea sumido en la incertidumbre. A docenas de banqueros rusos, incluidos casi todos los directores generales de bancos controlados por el Estado, se les prohibió visitar Europa y Estados Unidos y disponer de cuentas bancarias y propiedades allí.
Pero hay algunas excepciones. La más notable parece ser la de German Gref, consejero delegado de Sberbank, el banco más grande de Rusia, que controla el 37% de los activos combinados del sector bancario ruso. Solo ha sido sancionado por Nueva Zelanda y Canadá, pero permanece fuera de las listas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Todo ello a pesar de haberse iniciado varios casos legales en Estados Unidos, donde se le acusa de fraude corporativo y allanamiento. Se podría decir que Gref no es tanto un empresario como el apoderado de Putin que ejerció como jefe del equipo asesor económico del presidente a principios de la década de 2000 y luego como ministro de Economía de Rusia. En 20192020 fue la persona que lideró las inversiones rusas en Bielorrusia siendo un partidario acérrimo de Alexander Lukashenko.
Para finalizar, hay que decir que el colaborador más cercano de Gref, Andrey Kostin, del VTB Bank, está en la lista de las principales sanciones, y su adjunto en la junta de Sberbank, Alexander Vedyakhin, ahora está bajo las sanciones de Estados Unidos, así como dos clientes principales muy endeudado con Sberbank: Dmitry Mazepin y Mijail Gutseriev. No es el caso de Gref.
Mi primera conclusión es que mucho antes de sancionar a personas como Abramovich, Fridman o Melnichenko, que se beneficiaron del régimen de Putin, pero no están directamente involucrados en la política rusa, Occidente debería apuntar a todos los gerentes de las empresas estatales o controladas por el Estado, ya que primero son funcionarios del Gobierno y solo después empresarios. La segunda conclusión no es menos importante. Parece que las sanciones sanciones occidentales se aplican solo a aquellos que tuvieron la mala suerte de no terminar su actividad criminal y corrupta en Rusia antes de que comenzaran las hostilidades en Ucrania.
Los «banksters» rusos más «famosos» (este término fue acuñado por Alexander Lebedev, empresario ruso y patrocinador financiero de «Novaya Gazeta» de Rusia, [su editor en jefe recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021 por su periodismo independiente]) siguen estando libres y contentos. Andrey Borodin, acusado de causar una pérdida de 14.000 millones de dólares al Banco de Moscú, vive en Reino Unido en la mansión más cara de Inglaterra, donde goza de asilo político.
Georgy Bedzhamov, que lavó 2.000 millones de dólares a través del Promsvyazbank, residía en Mónaco evitando su extradición a Rusia. Sergei Pugachev, que se describe a sí mismo como el «banquero de Putin» y es buscado por Rusia por un asunto de 1.400 millones de dólares, se queda en Francia. Ninguno de estos señores se ha visto afectado por las sanciones. ¿Por qué? Al parecer, nadie tiene una respuesta.
Cuando los países occidentales anuncian sanciones contra Rusia, suponen que los oligarcas rusos pueden influir en Putin o actuar como poseedores nominales de su riqueza. Dudo que los oligarcas puedan desafiar las actitudes y los planes geopolíticos de Putin (Fridman lo reconoció en su extensa entrevista con Bloomberg), pero si pudieran, tipos como German Gref o Igor Sechin serían los más útiles.
También dudo de que los oligarcas estén administrando los activos de Putin: es mucho más probable que el presidente ruso sea propietario de algunas empresas no transparentes como Surgutneftegaz, que posee casi 50.000 millones en efectivo, y liquida sus acuerdos financieros a través de personas que mantienen un perfil muy bajo. Antes de que aparecieran los Papeles de Panamá, muy pocos conocían a un violonchelista de San Petersburgo, Sergei Roldugin, un antiguo amigo de Putin y propietario de varias empresas en el extranjero con 2.000 millones de dólares en activos.
Creo que hay docenas de Roldugins por todas partes actuando como poseedores nominales de la riqueza de Putin, mientras que Abramovich, Deripaska o Mordashov pueden ser acusados de muchas cosas, pero no de ser las «billeteras» de Putin.
Las sanciones personales contra los magnates rusos son medios fundamentales para influir en las élites rusas, pero se deben tener en cuenta al menos dos cosas para que funcionen. En primer lugar, las sanciones deberían apuntar ante todo a aquellos que poseen una gran fortuna y acceso directo al Kremlin. Hay que seguir de cerca a los señores Gref, Chemezov y Sechin.
En segundo lugar, la campaña de sanciones debe usarse para hacer una gran limpieza que pueda ayudar a Occidente a deshacerse no solo de los actuales aliados de Putin, sino también de aquellos que han sido sus aliados en el pasado, y que corrompieron la judicatura occidental.
Las actuales «purgas» deberían utilizarse para iniciar una campaña anticorrupción y antilavado de dinero que puede trascender su lógica inicial. El último punto que destacaría es que Occidente debería distinguir entre quienes defienden y aseguran el régimen de Putin y quienes estarían felices de deshacerse de él. Yo argumentaría que el fin de las sanciones es dividir a la élite rusa y provocar conflictos dentro de ella, pero lo que se hace en estos días parece un intento de poner a todos los superricos rusos «en un solo bote», lo que al final significa consolidarlos en torno al presidente Putin.