Cerco jurídico al Govern por la aplicación del 25% de castellano
► Escuela de todos, entidad a favor del bilingüismo, presentará una demanda ante el TSJC
El viernes se cumplió el plazo máximo para que el Govern aplicara la sentencia del 25% de castellano y, desde este lunes, el constitucionalismo ha dado inicio a una ofensiva jurídica para intentar la aplicación forzosa. El Govern ha desobedecido y ha rechazado fijar un porcentaje de clases en español y eso ha activado a los partidos y entidades constitucionalistas a acudir a la Justicia: Ciudadanos denunció ayer ante la Fiscalía al conseller de Educación (Josep González Cambray) y diversos miembros del departamento, mientras que Escuela de todos presentará ante los tribunales una demanda con 1.500 firmas para forzar la ejecución.
A juicio del partido naranja, los responsables de la conselleria han incurrido en un presunto delito de prevaricación, algo que en Escuela de todos también están de acuerdo, aunque evitan entrar en la vía penal y prefieren centrarse en que la sentencia se cumpla. Escuela de todos es una agrupación de entidades constitucionalistas liderada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y apoyada por otras 14 organizaciones (entre las cuales están Sociedad Civil Catalana y S’Ha Acabat).
En Escuela de Todos presentarán este miércoles la demanda y tienen intención de exigir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fije el plazo, los medios y designe el órgano que debe hacerse responsable de la aplicación de la sentencia. Con estos tres elementos, aspiran a que quede meridianamente claro cómo se debe cumplir la resolución judicial y deje sin margen de escapatoria al Govern.
En la agrupación, liderada por Ana Losada como portavoz y Pepe Domingo como responsable jurídico, también explican que el TSJC podría actuar de oficio y pedir la aplicación forzosa de la sentencia, pero ven muy lejano ese escenario. En cualquier caso, el calendario que se abre a partir del miércoles es el siguiente: el Govern tiene 20 días para contestar a la demanda de Escuela de todos y, tras ello, el TSJC tendrá 10 días resolver. También el Gobierno podría anticiparse a la entidad probiligüismo, pero se da por descartado que tome cartas en el asunto porque guarda silencio.
Lo cierto es que tanto en el Gobierno como en el PSC piden que se respete la sentencia del 25% y se cumpla, pero tampoco han dado ningún paso para forzarlo. Los socialistas acordaron con Podemos, ERC y JxCat una modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998 para flexibilizar la inmersión y dar más castellano en las aulas, aunque sin fijar porcentajes, pero ese acuerdo se ha enfriado porque los posconvergentes se desmarcaron. En este sentido, la maniobra por parte del PSC permitió atraer a los independentistas a la ampliación de las horas de español en las escuelas, circunstancia que ha acabado en una nueva crisis de los separatistas porque se han acabado tensionando nuevamente las relaciones entre ERC y JxCat por las presiones de los sectores más radicales (encabezados por la ANC o Quim Torra).
El PP se ha limitado, de momento, a criticar al PSC por el acuerdo con los independentistas sobre la lengua y al Gobierno por evitar dar un paso adelante y hacer cumplir la sentencia. Los populares catalanes instaron ayer que Pedro Sánchez «haga de presidente» y deje de mirar «hacia otro lado» con los independentistas. «Los ampara, y se comporta como colaborador necesario de esta desobediencia», aseguran en las filas del PP, aunque evitan, de momento, sumarse a las acciones judiciales de Ciudadanos.
En cualquier caso, pese a la petición de que se aplique ya la sentencia, lo cierto es prácticamente todo el mundo da por hecho que no será posible ya hasta el curso que viene ya que apenas quedan dos meses y medio para que concluya este 2021-2022. La sentencia, dictada en diciembre de 2020, recibió el aval definitivo por parte del Tribunal Supremo en noviembre y ahora queda ya su aplicación. La resolución judicial fija que se den un mínimo del 25% de las horas lectivas en español en todos los centros educativos de Cataluña, sin excepción. Hasta ahora, las familias tenían que pedir expresamente centro a centro un 25% de clases en castellano para sus hijos.
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