La Abogacía pide apartar a Laya del «caso Ghali»
► Reprocha al juez que mantenga imputada a la ex ministra de Exteriores por una «simple conjetura»
La investigación del «caso Ghali» está inmersa en su fase decisiva. Después de que el instructor apartase del procedimiento al ex jefe de gabinete de Arancha González Laya, el juez Rafael Lasala deberá decidir en las próximas semanas si procesa ala ex ministra de Exterior eso archiva también la investigación contra ella, ahora reducidaa una posible prevarica ción– tras descartar los delitos de encubrimiento y falsedad documental– por autorizar la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario a sabiendas, presuntamente, de que tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional.
A la espera de esa decisión crucial, la Abogacía del Estado no ahorra esfuerzos procesales para que el juez dé carpetazo a la instrucción dejando indemne también a la ex responsable de la diplomacia española.
Los Servicios Jurídicos del Estado han recurrido en apelación la decisión de Lasala de mantener imputada a Laya. En el escrito remitido a la Audiencia Provincial de Zaragoza, defienden que la investigación contra la ex ministra «no puede alargarse más» una vez que ha quedado acreditado, en su opinión, que «no concurre ninguno de los requisitos que la prevaricación exige».
La abogada del Estado María del Mar González Bella reprocha de hecho al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que mantenga investigada a la ex ministra de Pedro Sánchez basándose solo en «una simple conjetura carente del mínimo soporte».
En el recurso se incide en que de la propia resolución recurrida se deduce que el juez «está reconociendo que, a pesar de la duración de esta fase instructora y de las numerosas diligencias practicadas, practicadas, no existe ningún indicio suficiente para seguir investigando, más allá de un proceso deductivo que se exterioriza»: que Laya conocía de la existencia de dos procedimientos judiciales contra Ghali en la Audiencia Nacional antes de autorizar su entrada en España, por lo que quiso «eludir la actuación judicial al pretender una entrada discreta o reservada». Pero para la Abogacía del Estado no existe «el más mínimo indicio de la concurrencia ni del conocimiento ni de la finalidad invocados. Más bien al contrario», por lo que insiste en que «procedería ya sin mayor dilación el archivo».
En primer lugar, sostiene que aunque hubiera surgido «una remota duda» sobre la existencia de esos procedimientos contra Ghali «no existe una base de datos» a la que pudiera acceder para averiguarlo. Además, añade, «no tendría ningún sentido que la entonces ministra solicitara de su jefe de gabinete que pidiera una nota sobre dichos procedimientos si ya sabía de su existencia anteriormente».
Para González Bella tampoco tendría sentido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Mar las ka, solicitar a el 23 de abril a su jefa de gabinete, Susana Crisóstomo, que informara a Exteriores sobre la providencia solicitando la localización de Ghali y le trasladara que se iba a comunicar a la Audiencia Nacional que Ghali estaba ingresado en un hospital de Logroño.
«Razones de política exterior aconsejaban que en aquel momento la entrada en España de Brahim Ghali se realizara de la manera más discreta posible –reitera– para prever las consecuencias que el conocimiento por terceros países de su presencia en España pudiera tener». Además, añade, «se trataba de proteger la intimidad y seguridad del paciente, dado su grave estado de salud».
«Nunca podría existir ese delito de prevaricación –concluye– dado que en ningún momento fue requerida para realizar ninguna actuación judicial ni podía ser la destinataria de ninguna resolución del Juzgado Central de Instrucción número 5 (de la Audiencia Nacional) y ni tan siquiera podía tener acceso a las mismas».
Para los Servicios Jurídicos del Estado la investigación contra ella «no puede alargarse más»