Contra la precariedad
ElEl 31 de marzo ha entrado en vigor toda la normativa sobre contratos laborales contenida en la nueva reforma laboral. La primera cuestión que se debe tener en cuenta es que dicha reforma no deja sin operatividad jurídica a la que se llevó a cabo en 2012 sino que introduce mejoras sustanciales en temas relativos a contratación –entre otros– para dotar de mayor estabilidad el empleo y evitar la precariedad laboral. La finalidad máxima ha sido terminar con los contratos temporales de los que se ha abusado a lo largo de estos últimos años, garantizando el empleo y transformando el mercado de trabajo hacia un modelo más estable.
Las modificaciones más relevantes pretenden eliminar la desigualdad en nuestro mercado de trabajo y reducir el número de personas trabajadoras que prestan sus servicios a través de contratos de duración determinada. Sobre la contratación y la subcontratación de servicios se establecen una serie de medidas complementarias cuya pretensión es idéntica y entre las que destacan formación, endurecimiento de sanciones e infracciones, regulación del desempleo, limitación de los convenios de empresa en materia de salario, dotar de estabilidad y seguridad a los contratos formativos,des centralización productiva oER TE –entre otras–. En materia de contratos, se elimina la posibilidad de realizar contratos por obra o servicios de manera absoluta, se introducen contratos de formación dual, el contrato fijo-discontinuo únicamente se podrá utilizar para trabajos estacionales o actividades de temporada, etcétera.
En definitiva, estos cambios en la contratación, como la conocíamos hasta ahora, intentan intentan propiciar la reducción de la temporalidad y el aumento delos salarios–por todos es conocidala subida del S MI semanas atrás a 1.000 euros–. Es una lucha declarada contra la precariedad en el empleo y, por tanto, un acercamiento a la obtención de mayor estabilidad a través de la transformación contractual. Reforma histórica por su contenido y significado y, además, por haber conseguido el consenso político dentro del Ejecutivo. La reforma pretende establecer modelos que cambien el paradigma de las relaciones laborales y que, por ende, favorezcan un trabajo decente.