Fuertes protestas contra la ley que persigue a los antiabortistas
► Hasta un año de prisión a quienes se concentren a las puertas de clínicas de interrupción del embarazo
La ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para interrumpir su embarazo fue aprobada ayer en el pleno del Senado de forma definitiva, tras superar los vetos presentados por PP y Vox y con el apoyo del resto de los grupos.
La Comisión de Justicia de la Cámara Alta dio el visto bueno el pasado 14 de marzo al dictamen de la proposición de ley, presentada por el PSOE, sin incorporar ninguna de las enmiendas registradas, por lo que es de esperar que la norma no tenga que volver al Congreso y quede lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El texto incluye un nuevo artículo en el Código Penal (el 172 quater) para castigar con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen y coarten de este modo la libertad de las mujeres.
Durante su paso por el Congreso se incorporó una enmienda que extiende las penas a quienes acosen también a los sanitarios y directivos de esas clínicas y al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos.
Además, el acoso se perseguirá sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.
PP y Vox se han posicionado en contra de esta iniciativa al considerar que supone un ataque a la libertad de expresión y está motivada en cuestiones ideológicas y no jurídicas. De hecho, Vox ha anunciado ya que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la futura ley.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cada año se registran más de un centenar de casos de acoso ante estos centros.
La plataforma provida Derecho a Vivir protagonizó ayer una protesta frente al Senado para mostrar su rechazo a esta ley. «Van a condenar a miles de madres a la peor decisión de su vida por privarles de una ayuda fundamental y a miles de bebés a una cruel muerte. Y esa sangre manchará sus manos», afirmaron.
En Andalucía, en relación al aborto, Vox plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a «poner en marcha un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, mediante el concierto social o concurso público (asegurando la concurrencia y objetividad) que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro para proceder a la atención de dichas mujeres, ofreciendo la totalidad de las alternativas disponibles a la mujer embarazada, de forma respetuosa con su decisión final».
También, que el Parlamento demande al Gobierno andaluz «la creación de un plan de prevención que permita dar a conocer el drama del aborto», que contemple, entre otras cuestiones, «apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo, antes y después de dar a luz, así como de informar de todos los beneficios y ayudas existentes, así como la realización de los diferentes trámites de los que pudieran ser beneficiarias las familias».
Además, en el marco de dicho plan de prevención, Vox propone que se implemente «un plan para formar a los profesionales que están en contacto con las mujeres embarazadas en situación de riesgo de aborto voluntario, que puedan ser capaces de ofrecer una alternativa a este drama personal y social que supone el aborto», y que se promueva «la implementación de medidas para garantizar la calidad de la asistencia en todos los centros donde se practique abortos sean públicos y privados, y que se garantice que estos centros cumplen con la legislación vigente, evitando de esta forma cualquier práctica irregular».
Por otro lado, este partido político también aboga por que el Parlamento inste a la Junta a «habilitar una línea telefónica gratuita o un canal de información de atención permanente a la mujer que plantee el aborto para informar de forma objetiva sobre ayudas y alternativas» a la interrupción del embarazo.
Asimismo, quiere que el Parlamento inste a la Junta a «incluir en el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía preguntas específica s que permitan analizarla situación de las familias y delas mujeres, y de los posibles impedimentos que se encuentran a la hora de tener hijos».
PP y Vox consideran la norma un ataque a la libertad de expresión y motivada por la ideología