Lorente Ferrer. España se queda muy lejos de la inversión media educativa en Europa

► Malta, España y Rumanía registran los peores datos de fracaso escolar de la Unión Europea

LaLa competitividad de una nación es vital para su supervivencia. El actual Gobierno no es consciente de ello. Como muestra, que en el encuentro en la Moncloa entre Sánchez y Feijóo, el presidente del Gobierno tan solo dedicó diez minutos a la economía de las tres horas que duró el encuentro.

Formar a las nuevas generaciones en función de las necesidades de la economía es vital. Tanto en la formación profesional como en la universitaria. Los recursos públicos cada vez serán menores debido a la crisis fiscal, por lo que el Estado debe dirigir a los jóvenes a determinas especialidades en función del interés general, que es lo mismo, hoy en día, que decir, el interés de nuestra economía.

Irlanda es un ejemplo de ello, el sistema universitario solo «subvenciona» el estudio de determinas carreras y especialidades. Alemania es otro ejemplo en materia de formación profesional, la formación dual, eminentemente práctica y estrechamente vinculada a centros de trabajo.

La tasa de fracaso estudiantil en España, entre jóvenes de 18 a 24 años, se sitúa en el 16%.

Mientras que la media de la Unión Europea es del 9,9%. Tres países lideran este deshonroso ranking; Malta, España y Rumanía, con porcentajes comprendidos entre el 15,6% y el 16,7%.

España, cuarta potencia europea, ocupa un vergonzante 14 puesto entre los 27 en inversión educativa por alumno. El gasto público en educación por alumno y año es de 4.001€ en España, mientras que la media de la Unión Europea es de 6.082€. Estamos un del gasto medio europeo al año por alumno. ¿Hay algo más rentable, además de invertir en salud, que atender debidamente la educación?. ¿Dónde van los inmensos, y descentralizados, recursos públicos del cuarto presupuesto más grande de Europa?. Nos debe hacer reflexionar que este país no atiende debidamente las cuatro columnas básicas de un Estado que quiere sobrevivir a un mundo cada vez más competitivo y hostil; la Educación, la Sanidad, la continuidad de las pensiones y la Defensa. Aunque la competencia educativa está transferida a las CC.AA. es misión del Gobierno central arbitrar, cuando no, marcar las pautas del gasto público en materia tan sensible. El artículo 155 de la Constitución es contundentemente disuasorio y eficaz.

España invierte en educación por alumno menos que otras economías de la UE más reducidas que la nuestra, como Malta, Luxemburgo, Estonia, Eslovaquia, Irlanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia o Países Bajos.

La fórmula más sencilla para revertir el fracaso estudiantil, para no destinar más recursos económicos que comprometan el clientelismo político, es rebajar el nivel de exigencias para engrosar artifi65,8% cialmente las estadísticas de «éxito» estudiantil.

En la década pasada la Junta de Andalucía ya comenzó a gratificar económicamente a los profesores que tenían un mejor porcentaje de aprobados entre sus alumnos. Aquella medida «elevó» la media de las notas, pero no del rendimiento escolar. Las medidas que planea aplicar el Gobierno van en este sentido. Maquillar cifras y estadísticas. Cuando en realidad lo que requiere la nación es elevar el nivel de todo el profesorado, que salvo excepciones, no cuenta con la cualificación que se requiere. Recordemos lo que sucedió en las oposiciones a docente convocadas por la Comunidad de Madrid en 2013; el 86% de los opositores no aprobó la prueba de conocimientos del nivel de un alumno de 12 años. ¿En qué manos deja el Estado a los alumnos en las aulas?

Obviamente, en Corea del Sur o Japón no sucede tal despropósito, pues los maestros y profesores de los distintos niveles educativos son reclutados entre los alumnos universitarios más brillantes y con los mejores currículos. En España la universidad se caracteriza por su endogamia y su separación del mundo empresarial, de ahí que solo el 76% de los graduados alcance el mercado laboral, frente al 84% de la media de la UE.

Por lo tanto sabemos que no se va a incrementar la inversión en educación, que mucho menos el Estado va a recuperar las competencias en educación y que no se quiere elevar el listón en la contratación y formación del profesorado. La educación pública en España no tiene ningún futuro, salvo que nos equiparemos con el tiempo a Rumanía o Bulgaria, países que suman un PIB cuatro veces inferior al español.