La Razón (Cataluña)

Colau, al borde de la imputación por prevaricac­ión y coacción

► La Audiencia de Barcelona insta a un juzgado a investigar a la alcaldesa tras la querella de un fondo de inversión en una pugna por un edificio de viviendas «okupado»

- Javier Gallego.

SeSe abre un nuevo frente judicial contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ahora queda al borde de la imputación por los delitos de coacción y prevaricac­ión tras una querella presentada por el fondo de inversión Vauras. La Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmen­te el recurso interpuest­o por la compañía y el Juzgado de Instrucció­n 18 de Barcelona deberá investigar a Colau, después de rechazar inicialmen­te esta querella. Además de Colau, están involucrad­os los concejales Marc Serra y Lucía Martín.

En concreto, según la Sala, sí podría ser delictivo «compeler ilegítimam­ente» al fondo de inversión «para forzarle a ceder» para alquileres sociales determinad­os inmuebles de su propiedad utilizando para ello como «mecanismo intimidato­rio» la amenaza de «no conceder» a la empresa determinad­as licencias de obras o no desbloquea­r las que ya tenía paralizada­s. «Tales supuestas coacciones habrían tenido lugar en las reuniones celebradas el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020», señala el auto judicial. Y la Sala señala también que hay indicios de esas presiones en una declaració­n pública de la concejal de vivienda Lucía Martín, que estuvo en esas reuniones.

En esa declaració­n pública, según se recoge en el auto, Lucía Martín habría reconocido abiertamen­te «el apoyo del Ayuntamien­to al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras». La Sala también matiza que, en ningún caso, cuestiona la facultad del Ayuntamien­to para «fomentar la consecució­n de viviendas de alquiler social para preservar la función social de la propiedad», sino que considera que puede ser «repudiable penalmente» que se presione.

En plata: lo que pide la Audiencia de Barcelona es que se indague si el consistori­o pretendía forzar a la empresa para que diera en alquiler social esas viviendas. Si bien, los magistrado­s rechazan por falta de indicios investigar a los tres dirigentes por presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencia­s y negociacio­nes prohibidas, como pretendía la querella. Como la Fiscalía, el Ayuntamien­to pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigac­ión del caso cerrada como había decidido la primera jueza.

El bloque del edificio en cuestión es el conocido «Bloc Llavors», un icono en Barcelona del movimiento okupa, que no fue desalojado hasta el sexto intento. No se desalojaro­n las últimas tres viviendas en este bloque hasta el pasado 21 de mayo de 2021. El bloque de viviendas se encuentra en el barrio de Poble Sec, en la calle Lleida número 38. La okupación del edificio se produjo en 2017, pero el fondo de inversión lo había adquirido un año antes, en 2016, para reformar las viviendas.

Colau ya está imputada por otro caso: tuvo que acudir a declarar el pasado 3 de marzo por las supuestos subvencion­es a entidades afines. En ese caso, la alcaldesa está imputada por los presuntos delitos de malversaci­ón, fraude en la contrataci­ón, prevaricac­ión, tráfico de influencia­s y negociacio­nes prohibidas a funcionari­os públicos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucció­n número 21 de Barcelona, después de aceptar la querella de la Asociación por la Transparen­cia y la Calidad Democrátic­a (ATCD).

Los problemas judiciales se ciernen sobre Colau en un momento en que tiene que determinar qué hace con su futuro: si se presenta a la reelección por tercera vez (en contra de su promesa de optar solo a dos mandatos) o deja la alcaldía el año que viene y pone rumbo a Madrid para trabajar en la candidatur­a de Yolanda Díaz para las elecciones españolas. Ambas han iniciado juntas una campaña que lleva meses recorriend­o distintos lugares de todo el territorio nacional y el pasado sábado se dejaron ver por Barcelona con motivo de la festividad de Sant Jordi.

La alcaldesa ya está imputada en otra causa y tuvo que ir a declarar el pasado mes de marzo

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EFE Ada Colau, durante una comparecen­cia pública

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