«Una cadena perpetua de sufrimiento y abandono»
Tras impulsar tres frentes jurídicos contra la impunidad de ETA –la querella por lesa humanidad en 2013, el informe ante el Parlamento Europeo por los 379 asesinatos de ETA sin resolver y las querellas por auto ría media ta contra ex jefes de ETA en la Audiencia Nacional–, Miguel Ángel Rodríguez Arias pretende con la denominada «doctrina Miguel Ángel Blanco» intentar «dar normalidad a cuestiones que creemos que no están correctamente enfocadas».
Y es que para el letrado de Dignidad y Justicia resulta «anómalo» que España reconociese en 2010 por primera vez el carácter imprescriptible de los crímenes terroristas «de espaldas al convenio que la regula para todos los estados europeos y en el sentido exactamente contrario al que el Consejo de Europa dice que deben dar los estados miembros cuando lo incorporen a sus ordenamientos». Además, añade, «seguimos sin ratificar ese convenio». «Hemos incorporado 70 años después la lesa humanidad, pero la hemos incorporado mal», se queja, pues lamenta que en la actualidad «el delito de persecución de lesa humanidad sigue sin estar en el Código Penal como delito autónomo».
Si ese «escudo de impunidad» que, según el letrado, se desplegó en 2010 de la forma «más restrictiva posible», se ampliara a los delitos que en esa fecha no estaban prescritos. De otro modo, lamenta en su informe, esos 55 asesinatos impunes quedarían condenados «a una cadena perpertua de impunidad, sufrimiento indebido y abandono».
Pero, también –añade–, asesinatos como el de Tomás y Valiente en 1996, o el matrimonio Jiménez Becerril dos años después, podrían ser aún perseguibles penalmente. Esos casos, defiende Rodríguez Arias, se dan por «resueltos» de forma «indebida», pues aunque se condenó a sus autores, no se ha hecho lo propio con «los auténticos autores tras el autor que componían la ZUBA y son quienes en verdad podían tomar la decisión».