Las querellas por Pegasus se pondrán también en el extranjero
► La defensa de varios de los espiados tiene previsto diseminar las denuncias por varios juzgados
Afectados vinculados a Puigdemont y JxCat presentarán esta semana una veintena de denuncias
Las denuncias en ciernes por el espionaje a través de Pegasus a 65 personas vinculadas al independentismo catalán entre 2017 y 2019 se plantearán también fuera de España. Según confirman a LA RAZÓN fuentes de las defensas de varios de los espiados, la estrategia jurídica pasa por diseminar las anunciadas querellas –por ahora contra los responsables de la compañía israelí NSO, que es la que desarrolló ese programa de espionaje según puso de relieve una investigación del portal The Citizen Lab y The New Yorker– por varios juzgados, en función del lugar donde se produjeron las escuchas que han hecho tambalear la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios.
Pero según detallan esas mismas fuentes, las denuncias penales por revelación de secretos y daños informáticos no solo se presentarán en juzgados de nuestro país, sino también en el extranjero, en función de que, en el momento de que se produjeron esas escuchas, alguno de esos espiados se encontrase fuera de nuestro país y el espionaje afectase a ciudadanos extranjeros.
La estrategia judicial de los afectados por el espionaje a través del software de la empresa israelí parece ir por caminos divergentes. Por un lado, los espiados vinculados a ERC optarán previsiblemente –según las fuentes consultadas– por presentar sus denuncias ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona –que investiga desde hace más de un año el supuesto espionaje a Roger Torrent y a Ernest Maragall, líder de ERC en el Ayuntamiento de la ciudad condal. Por otro, quienes están vinculados a JuntsxCat y al ex president Carles Puigdemont prefieren la vía de presentar querellas de forma individual en diferentes juzgados, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
En este último caso, las querellas se presentarán esta misma semana (previsiblemente a partir de mañana mismo) en alrededor de una veintena de juzgados españoles – de Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Sant Cugat, entre otros–, para a continuación dar ese mismo paso más allá de nuestras fronteras en juzgados de Alemania (Berlín), Bélgica (Bruselas), Francia, Suiza o Portugal.
Esas denuncias se dirigirán contra los tres máximos responsables de la empresa israelí NSO y contra la propia sociedad y tres de sus filiales (en total, tres personas físicas y cuatro jurídicas). Pero la intención de los querellantes –entre los que no estará Puigdemont, pero sí su esposa, Marcela Topor– es ampliar sus denuncias, según avance la investigación y se esclarezca «quién les contrató».
Además, según las fuentes consultadas se les imputará, además del delito de revelación de secretos, el de daños informáticos en su modalidad agravada, pues la defensa considera que se habría cometido «en el seno de una organización criminal».
Dado que entre los espiados, además del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se encuentran algunos de los principales protagonistas del «procés» –de Puigdemont (a quien se habría espiado a través de conversaciones con terceros, incluido sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas) a los ex consellers Antoni Comín y Meritxell Serret, pasando por el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, o los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Quim Torra, las querellas harán hincapié en una supuesta vulneración del derecho de defensa. Y es que el presunto espionaje se llevó a cabo en los meses clave de la investigación judicial del «procés», que derivó en el juicio contra los líderes independentistas que se celebró en el Tribunal Supremo entre febrero y junio de 2019.
Fuentes de las defensas desvinculan el supuesto espionaje de la investigación a Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional. «Que había 15 teléfonos intervenidos lo sabíamos desde hace dos años. Pero eso no es el CNI, sino la Guardia Civil y no con Pegasus».