La Audiencia decidirá hoy qué juez asume la denuncia del Gobierno
► El escrito de la Abogacía del Estado no identifica a posibles autores del espionaje a Sánchez y la ministra Robles
La Audiencia Nacional decidirá esta misma mañana qué magistrado se hace cargo de la denuncia presentada por la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en abril y mayo del pasado año.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas después de que el juez de guardia, José Luis Calama, acordara ayer remitir esa denuncia denuncia al Decanato para que se ponga en manos del juzgado que por turno de reparto le corresponda.
¿Por qué no ha asumido el juez de guardia la investigación? Según las normas de reparto, el juzgado que se encuentre de guardia asume la competencia de «los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante la misma siempre que los hechos hayan ocurrido en el transcurso del periodo de la guardia de dicho juzgado o al menos a partir de las 24 horas del viernes anterior al comienzo del mismo». Dado que el supuesto espionaje se produjo el pasado año, como se encarga de recordar el juez Calama en la resolución en la que acuerda la medida, lo procedente es «remitir dicha denuncia al Juzgado Central de Instrucción Decano» para que se reparta por riguroso orden de reparto.
En ese acuerdo, Calama señala que ayer mismo se presentó por parte de la Abogacía del Estado «denuncia ante este juzgado en funciones de guardia, en la que se manifiesta que mediante el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa» realizados por el pasado 30 de abril por el CERT Gubernamental Nacional –el servicio de respuesta a incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI– «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus –software espía de dispositivos móviles– entre los meses de mayo y junio de 2021». Los Servicios Jurídicos del Estado adjuntan a la denuncia ese informe del CERT.
Según las fuentes consultadas, la denuncia del Gobierno no se dirige contra nadie en particular, lo que complicaría su tramitación ante la posible comisión de unos hechos delictivos «de autor desconocido». En todo caso, será el magistrado que finalmente se haga cargo de la misma quien deberá decidir al respecto.
Salvo un improbable rechazo de plano, ante la existencia de indicios de delito lo previsible es que el instructor abra diligencias previas para, en la misma resolución, dar traslado de la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, para que se pronuncie, por un lado, sobre la competencia del tribunal para asumir la investigación y, por otro, sobre la existencia de indicios suficientes para abrir un procedimiento penal y practicar las diligencias oportunas para esclarecer los hechos denunciados.
En caso de que alguno de los seis juzgados de instrucción de la Audiencia mantenga abierta una causa en la que se investiguen hechos conexos, lo habitual es que el propio instructor se inhiba del asunto y lo remita a su compañero o que éste lo reclame por estar los hechos, de alguna forma, vinculados (para evitar la instrucción de procedimientos paralelos con el mismo objeto procesal).
La querella del Gobierno por el espionaje a Sánchez y Robles se ha solapado prácticamente con la batería de denuncias del independentismo por las escuchas con Pegasus a más de 60 líderes soberanistas catalanes (la primera en abrir el fuego ha sido Òmnium Cultural), por las que señalan directamente al Centro Nacional de Inteligencia. A partir de esta misma semana está previsto que se presenten una veintena de ellas ante diferentes juzgados de toda España (y también del extranjero) por delitos de revelación de secretos y daños informáticos en el seno de una supuesta organización criminal (esas denuncias sí van dirigidas contra los responsables del sistema espía Pegasus y contra la propia sociedad y sus filiales).
La Audiencia Nacional investiga desde hace tres años si detrás de los altercados en protesta por la sentencia del «procés» en 2019 impulsados por Tsunami Democràtic (como la toma del aeropuerto del Prat o numerosos cortes de carreteras y algaradas ciudadanas) estaban dirigentes independentistas y el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En el marco de esta investigación, que se mantiene secreta, el juez Manuel García Castellón autorizó escuchas telefónicas a los supuestos instigadores de esos actos violentos.