El «yonki del dinero» pide anular las grabaciones y la juez aplaza la decisión
► El tribunal decidirá en sentencia sobre una nulidad que afectaría a otras causas como Erial basadas en el testimonio de Benavent
El autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, se sentó ayer en el banquillo en la vista de la primera pieza de la causa Imelsa que se juzga.
Su defensa, durante las cuestiones previas, pidió la nulidad de las grabaciones entregadas por su exsuegro y por la exdiputada provincial, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalía y cuya «cadena de custodia» ha sido puesta en duda, así como la manipulación que de las mismas pudieron hacer tanto el exsuegro como la exdiputada, hoy consellera.
El abogado de Benavent explicó que «vamos a juzgar una causa que se está alimentado de una prueba que no sabemos si se ha practicado con la suficiente diligencia para conocer de la garantía y autenticidad de la prueba. Y ello nos lleva a pedir dos cuestiones, o bien que se aparte del acervo probatorio o bien que se haga una instrucción suplementaria para saber si la prueba se ha practicado con las garantías suficientes».
Además, y paradójicamente, jugó con la falta de credibilidad de su cliente, que ha cambiado las declaraciones varias veces para reforzar su petición. Las defensas del resto de los imputados se adhirieron a la petición.
El tribunal no quiso ayer decidir sobre este asunto, máxime cuando hay propuestos testimonios al respecto, así como la declaración de los guardias civiles implicados en la custodia de la prueba; y pospuso su decisión al momento de la sentencia.
Contrariamente, el fiscal de la causa solicitó que Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, atestiguara la veracidad de las grabaciones como una cuestión previa al juicio
De hecho, el exsuegro de Benavent esperaba a la puerta de la sala ya que había sido llamado «deprisa y corriendo» por su abogado «esta mañana».
Sin embargo, el tribunal decidió que la declaración de López se produzca cuando le corresponda como testigo y no como una cuestión cuestión previa, como pretendía la Fiscalía.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde ayer a Benavent y otros ocho procesados en la primera de las piezas separadas de la macrocausa Imelsa que llega a juicio.
Además de Benavent, exgerente de la empresa pública que da nombre a la causa, se sientan en el banquillo otro antiguo cargo del PP valenciano, como es el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina.
Los procesados son, además de los citados, Rafael García Barat, administrador de la empresa Thematica Events, utilizada para el desvío de fondos; dos jefas de sección del Ayuntamiento de València; el ex director financiero de Imelsa y tres empresarios.
Delitos
Los delitos por los que podrían ser condenados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La Fiscalía reclama una condena de ocho años y tres meses de prisión para Benavent, cinco para Medina y siete para Rafael García como principales responsables.
En el día de ayer, y dada la extensión temporal de las cuestiones previas, se «colaron» las declaraciones de dos imputados que han reconocido los delitos que se le imputan y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía.
El primero de ellos fue José Estarlich quien explicó cómo a través de la empresa Berceo emitía facturas falsas por trabajos no realizados a la entidad pública Imelsa en el año 2009. Estarlich era el marido de la secretaria de Benavent, y pidió su ayuda después de varios reveses económicos y de que una empresa le devolviera pagarés. De este modo, Benavent le propuso ser administrador de Berceo «porque él era cargo público y no podía aparecer». Explicó que Berceo no tenía ningún trabajador. «No realicé ningún tipo de trabajo real. Todas las facturas de Berceo eran irreales. No respondía a ningún trabajo».
Otro de los imputados, Francisco Javier Márquez Suárez, consejero delegado de la empresa Cyan Animática, declaró que en 2011 facturó para García Barat, de Thematica Events, un trabajo de 30.000 euros y otros 41.000 euros ficticios que cobró por indicación de Barat a la empresa Imelsa de la que «no sabía que era pública».
La Fiscalía trata de apuntalar la credibilidad de Benavent tras desdecirse