UGT, en contra de sus okupas
Opinión Juan Ramón Rallo
ElEl sindicato UGT apoyó hace año y medio el decreto antidesahucios del Gobierno de PSOE-Podemos merced al actual no sólo se impedía el desahucio de los inquilinos que dejaran de pagar sus alquileres, sino también el de los okupas que hubiesen accedido a un inmueble sin intimidación ni violencia. La única queja que esbozó por aquel entonces el sindicato fue que rechazaba la compensación que el Gobierno se comprometió a abonar no sólo a los pequeños propietarios sino también a los grandes tenedores de vivienda que sufrieran impagos de alquileres y fueran privados de la potestad de desahuciar a los inquilinos. Pues bien, este fin de semana, 200 personas okuparon ilegalmente la antigua sede de la UGT del Convento de las Recogidas. El motivo de esta okupación fue, según los propios promotores, que la UGT desea explotar económicamente este inmueble alquilándoselo como hotel a una compañía del sector. ¿Qué hizo el sindicato una vez conoció que el edificio había sido okupado? ¿Solidarizarse con el movimiento okupa dándole la razón sobre la creciente mercantilización del mercado inmobiliario por parte de los grandes tenedores de inmuebles (la propia UGT es un gran tenedor de inmuebles? Obviamente no. Por un lado, la UGT exigió (y consiguió) el desalojo inmediato de los okupas: «Desde UGT, no podemos más que condenar y denunciar un hecho que actúa directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país, perjudicando a nuestra organización». Por otro, la UGT también reivindicó su derecho a explotar económicamente su patrimonio privado como considere oportuno: «UGT y su dirección, tiene la potestad de decidir la gestión de su patrimonio como considere oportuno, con el fin de obtener el máximo rendimiento para poder destinarlo a la lucha, la mejora y la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora de nuestro país». ¿Aplicaría la UGT ese mismo razonamiento a los mal llamados «fondos buitres» que gestionan su patrimonio inmobiliario en beneficio de sus partícipes (que en muchos casos son pequeños ahorradores)? No, porque fue contra esos fondos contra los que cargó en su comentario crítico del decreto antidesahucios. ¿Igualdad jurídica o ley del embudo?