Fedea reclama incluir en el pacto de rentas a pensionistas y funcionarios J. de Antonio.
► Los expertos piden ligar pensiones y salarios públicos al IPC subyacente, que no incluye alimentos ni energía
Elevar pensiones y sueldos públicos con el límite de la inflación subyacente –la que no tiene en cuenta la energía, los carburantes ni la alimentación–. Esa es la última petición de la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea), que se une a otros organismos como el Banco de España, Funcas o la AIReF para que en 2023 el incremento de las prestaciones de los pensionistas –salvo las mínimas– y los salarios no se haga sobre la tasa general, que roza ya los dos dígitos, y se haga con la subyacente. Se lograrían así dos objetivos directos: repartir el coste de la guerra en Ucrania «de la forma más equitativa posible» y salvaguardar las arcas públicas.
En un número especial de su boletín, dedicado a la crisis ucraniana, Fedea considera necesario que el Gobierno negocie un pacto de rentas con los agentes sociales en el que se incluyan también pensiones y sueldos públicos, y que cuente con el apoyo de los partidos políticos, para evitar así «una espiral inflacionista que sería perjudicial para todos». En este sentido recuerda que se podría tomar como referencia tanto la inflación subyacente como el resultado de restar de la inflación general «el ‘shock’ de precios a la importación acumulado durante el último año». También aconseja concentrar las ayudas en los sectores y colectivos más afectados, evitando «bajadas de impuestos energéticos y subvenciones de carácter general».
La Fundación también alerta de que la ausencia de este pacto de rentas tendría consecuencias muy negativas, ya que «los detalles del diseño e implementación de un acuerdo de estas características serían complicados y es prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal para cortar la inflación en seco», reconocen sus expertos, pero consideran que la ausencia de este pacto «tendría consecuencias mucho peores, pues haría más probable una cronificación de la inflación».
En otro apartado del informe califica como «acertadas» las medidas del Gobierno tomadas para los sectores productivos más afectados y para los hogares con menos recursos por el encarecimiento de la energía, pero remarca que es «discutible» que esas acciones deban extenderse al conjunto de las empresas y familias. «La generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados y estimula la demanda de energía», explica la fundación en el documento, en el que además añade que se contribuye «a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia».
Respecto al mecanismo de topar el gas –que permitirá desacoplar los precios de la electricidad de los del resto de Europa– cree que esta medida no implica necesariamente un coste presupuestario, pues la «necesaria subvención se podría repercutir sobre los consumidores de electricidad», pero sí supone un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que «sería particularmente bienvenida» en estos momentos de dependencia de Rusia.
Aunque el saldo neto de costes y beneficios sociales es difícil de calcular, en la situación actual «seguramente tendría más sentido utilizar un mecanismo de este tipo». Según defiende la fundación, puesto que el mecanismo es graduable, debería utilizarse tanto para mitigar la situación actual como para facilitar el ajuste al mismo si resultara ser permanente. «Debería tener una senda prefijada decreciente en el tiempo».