La Fiscalía investigará si Rufián reveló secretos
► Abre diligencias tras la denuncia de Manos Limpias por sus palabras tras la comisión
El diputado de ERC dijo que el espionaje procedía de otro país o de «organismos descontrolados»
Revelar tras la comisión de secretos oficiales en la que compareció la responsable del CNI que detrás del espionaje con «Pegasus» estaba un tercer país u «organismos descontrolados» de la Administración española ha puesto a Gabriel Rufián bajo la lupa de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha abierto ya diligencias para investigar los hechos, tras la denuncia por revelación de secretos que presentó Manos Limpias contra el diputado de ERC.
En el epicentro de esas pesquisas, sus manifestaciones tras la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, sustituida horas después por Esperanza Casteleiro por el «caso Pegasus», el espionaje a líderes independentistas y miembros del Gobierno (entre ellos Pedro Sánchez, Margarita Robles y
Fernando Grande-Marlaska) a través de un programa espía israelí.
En un decreto del pasado jueces, el fiscal de Sala de lo Penal Javier Huete acuerda que sea el fiscal Antonio Pablo Rives quien se haga cargo de la instrucción con el objetivo de practicar «las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho».
Ciudadanos también denunció por revelación de secretos al diputado independentista, en su caso ante la Fiscalía General del Estado, entre otras manifestaciones por asegurar que «solo una parte de los dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial».
Tras la comparecencia de la responsable del CNI para informar del «caso Pegasus» –que finalmente le ha costado el puesto–, la denuncia de Manos Limpias incide en que Rufián aseguró en declaraciones a TV3 que las escuchas a los que no pinchó el CNI «tenían dos posibles nombres, una nación extranjera extranjera o elementos descontrolados de la seguridad del Estado».
Más tarde, el diputado de ERC matizó en su cuenta de Twitter que esas palabras eran «una interpretación suya». Según el colectivo de funcionarios se trató de una «coartada» ante el «revuelo levantado» por sus declaraciones y con el propósito de «desmarcarse de la revelación que hizo vulnerando ante los medios el secreto profesional».
Para el colectivo denunciante, Rufián cometió un delito de revelación de secretos que ha causado un «grave» daño a los intereses públicos. Según expone en el escrito, sus palabras supusieron un «perjuicio» tanto para el CNI como para los ministerios de Interior y Defensa y las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus miembros.
El artículo 147 del Código Penal castiga con una pena de multa de doce a 18 meses y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados». En el caso de que se cause un «grave daño» para la causa pública o para terceros, la pena llega a un máximo de tres años de prisión y cinco de inhabilitación.