La UE aprueba el tope al gas español tres meses después
► Se empezará a aplicar el 14 de junio durante un año y costará 6.300 millones
La Comisión Europea ha dado luz verde a la denominada excepcionalidad ibérica que permitirá a España y Portugal imponer un tope al precio del gas en el mercado mayorista, con el objetivo de que esto se traslade a los consumidores finales que verán reducidos los montantes de las facturas de la luz. Esta medida excepcional costará 8.400 millones de euros –6.300 en el caso español y 2.100 en el portugués– y permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2023, con el objetivo de que siga teniendo efecto durante la temporada de invierno. Según ha explicado la Comisión Europea, este auxilio tendrá la forma de una subvención directa que será sufragada a través de un sistema doble: por una parte, los denominados derechos de congestión que obtienen los operadores por el tráfico eléctrico entre la Península Ibérica y Francia y, por otra, con una carga impuesta a los compradores portugueses y españoles que se beneficien de esta medida.
El precio máximo para los operadores mayoristas será de una media de 48 euros MWh. Durante los primeros seis meses, esta cifra será de 40 euros para ir encareciéndose progresivamente cinco euros cada mes hasta llegar a los 70 euros el último mes.
Bruselas ha dado su visto bueno a esta medida al considerar que no supone una distorsión de la competencia en el mercado único debido al bajo nivel de interconexiones entre la Península Ibérica y el resto del continente –no llega al 3%–, que reduce significativamente la capacidad de transportar el gas. En la cumbre de marzo, hace casi tres meses, los líderes europeos dieron su aprobación a esta iniciativa como una solución ad hoc al incremento de los precios de la luz en España y Portugal, agravado por la guerra en Ucrania.
Según el comunicado del Ejecutivo comunitario, esta medida es «apropiada, necesaria y proporcionada» y no «va más allá de lo necesario para abordar los excepcionalmente altos precios de la electricidad en al Península Ibérica». Además, recalca que tendrá una «naturaleza estrictamente temporal». Esta medida, además de reducir los precios y preservar la integridad del mercado único, «permitirá disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, , en consonancia con los objetivos del Pacto Verde».