9,4 millones en contratos con fallos en la época de Illa en Sanidad
► El Tribunal de Cuentas descubre que productos comprados con urgencia llegaron tarde o defectuosos
Un 22,4% de los expedientes fiscalizados de esa época presentan irregularidades
El Ministerio de Sanidad intenta recuperar 9,4 millones de euros que pagó en 2020 a empresas de material sanitario que suministraron mascarillas, guantes o test covid defectuosos o fuera del plazo de entrega acordado. Así consta en el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia suscritos por el ministerio que entonces dirigía Salvador Illa para hacer frente a la covid-19 en los primeros meses de la pandemia.
Un informe en el que el organismo fiscalizador señala que en ocasiones se recurrió a empresas de insuficiente solvencia que no tenían la capacidad de suministro pactada o eran incapaces de servir el material en los plazos acordados. En ese informe, cuyas conclusiones se avanzaron hace unos días y del que se conoce ahora su contenido íntegro, el organismo fiscalizador cifra en un 22,44% el porcentaje de expedientes fiscalizados en los que se produjeron «incidencias», como retrasos en los plazos de entrega de los suministros (10,20 %), modificaciones (4,08%) o incluso el incumplimiento del contrato, dando lugar a su resolución anticipada (8,16%). Debido, apunta el tribunal, a posibles «insuficiencias en la capacidad de producción y de suministro de algunas de las empresas adjudicatarias» a las que recurrió Sanidad o a «una falta de verificación suficiente» por el Ingesa de la solvencia de las mismas.
Eso sí, el organismo apunta en descargo de Sanidad que esas adjudicaciones coincidieron con el inicio de la pandemia, «en una situación de emergencia excepcional y en un contexto de desabastecimiento mundial de determinados productos sanitarios, en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020».
Sanidad optó por resolver cuatro contratos de forma anticipada por incumplimientos de las empresas adjudicatarias. Y el dinero desembolsado es precisamente lo que ahora reclama junto a los intereses y daños y perjuicios. En total, al menos 9.427.641,46 euros.
El Tribunal de Cuentas deja claro que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) aún no ha podido recuperar las cantidades reclamadas, por lo que el organismo «hará el oportuno seguialtos miento de la recuperación de estos fondos», para lo que Sanidad deberá remitir toda la información al respecto.
En el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se investiga al director del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, y a otros dos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por la compra de material sanitario en los primeros meses de la expansión del virus.
En el primer expediente resuelto por Sanidad se reclama a la empresa adjudicataria 779.301,75 euros, cantidad que fue abonada el 26 de marzo de 2020 por 55.080 envases de 500 ml de gel desinfectante de manos. El ministerio de Illa tomó la decisión tras comprobar que la empresa entregó un gel que no tenía la consideración de producto sanitario.
Obligación «esencial»
En el caso de la compra de 52 millones de guantes de nitrilo, por los que se adelantó el 30% del precio (casi 1,7 millones) como señal del «bloqueo» del producto, y el 70% restante (3.894.800 euros) tras la presentación del certificado de «producto en fábrica para salir», el contratiempo fue el incumplimiento de los diez días de plazo de entrega (ni en los diez más que fijó el Ingesa de ultimátum). Ese incumplimiento de una obligación «esencial» llevó a Sanidad –que ahora reclama a la empresa 5.564.000 euros, a expensas de determinar daños y perjuicios– a resolver el contrato el 16 de octubre de 2020. También por la demora en la entrega del material el Ingesa canceló de forma unilateral otro contrato un día antes para reclamar en marzo de 2021 un total de 477.826,38 euros.
Por último, el Tribunal de Cuentas hacer referencia a la adquisición de mascarillas FFP2 y KN95 (igualmente en octubre del año 2020) por parte del Ingesa, que detectó que uno de los lotes, de 999.600 unidades, «no era apto para su distribución» al no ofrecer «las garantías de protección requeridas». Por este expediente Sanidad intenta recuperar 2.444.939,61 euros.