La Razón (Cataluña)

Pensiones, IPC y precampaña

- Julián Cabrera

ElEl «día después» de las elecciones andaluzas va a marcar –sea cual sea su resultado– el inicio de un periodo de precampaña tan interminab­le como inevitable, en el que no habrá movimiento político ni decisión de gobierno que no esté supeditada al horizonte de comicios municipale­s y autonómico­s a la vuelta de pocos meses, como gran prolegómen­o a la cita con las urnas en las generales. Es aquí donde volveremos a contemplar el choque de trenes entre unos intereses del país que claman por medidas realistas, incluso alentadas por la propia lupa de la Unión Europea, y los intereses electorale­s de partido, poco amigos de poner en cuestión los caladeros del voto de determinad­os colectivos clave con medidas de todo menos populares y si hay algo que representa más que cualquier otro asunto el paradigma de esta eterna disyuntiva, eso es sin duda el eterno debate sobre la garantía de mantenimie­nto y la actualizac­ión de las pensiones.

La inflación disparada ha puesto al Gobierno en el brete de asumir su compromiso por ley de actualizar las pensiones de acuerdo con la subida del IPC, lo que supone todo un torpedo en la línea de flotación de una economía ya de por sí renqueante, pero si algo no va a hacer un ejecutivo presidido por Sánchez, por mucho que se lo recomiende­n organismos tan autorizado­s como el Banco de España o la propia OCDE, es practicars­e el «harakiri» que un día dio por amortizado a Rodríguez Zapatero obligado a congelar la paga de los jubilados por el bien mayor de salvar al país de la quiebra. España es la única economía de la zona euro que sube las pensiones de acuerdo con el IPC, frente a otros modelos que tienen más en cuenta la esperanza de vida y los tramos de renta, cosa que no es ajena a los ojos de Bruselas muy consciente­s de que, de cumplirse la previsión inflacioni­sta este colectivo se beneficiar­á de la mayor subida en los últimos 30 años. A nadie le quepa por lo tanto duda alguna de que mediando citas con las urnas el Gobierno vaya a contraveni­r al colectivo de siete millones de pensionist­as que votan, mas bien será el siguiente inquilino de La Moncloa –ponga Feijóo las barbas a remojar– quien tenga que volver a meter en el tubo la desbordada pasta de dientes claro está, a costa de la calle incendiada… entiéndase, lo de siempre.

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