«Hope»: el otro hotel Ruanda
► Los inmigrantes deportados no podrán pasar más de seis meses en un albergue de Kigali
144 millones de euros. Es la cantidad pactada entre Reino Unido y Ruanda para que el Gobierno de Kagame acoja a los inmigrantes de las islas en situación irregular mientras se tramita la solicitud de asilo. Los inmigrantes deportados quedan sujetos a la legislación nacional tan pronto como aterricen en Kigali. Las autoridades ruandesas han asegurado que se ofrecerá a los inmigrantes tres opciones: solicitar el estatus de refugiado en Reino Unido desde Ruanda, pero –aclaran– que el proceso no es inmediato; pueden regresar a su país de origen o a un tercer país «seguro» en el caso de que no quieran o puedan volver a sus hogares. El Gobierno de Paul Kagame, además, se reserva el derecho de expulsar a aquellas personas que cometan un delito.
Desde que Ruanda firmó en 2019 un acuerdo con ACNUR y la Unión Africana, donde se comprometía a recibir a solicitantes de asilo procedentes de Libia, en el país han aterrizado más de 1.000 refugiados, y los últimos 130 llegaron el 31 de mayo. Este millar de refugiados fueron alojados en centros de acogida similares al que se utilizará para los llegados de Reino Unido, mientras que 600 ya han sido realojados de nuevo en Canadá, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica y Francia.
A diferencia de la controversia suscitada en Reino Unido, en Ruanda apenas ha trascendido el nuevo acuerdo migratorio con Reino Unido, pues desde hace años Israel y Dinamarca envían a sus solicitantes de asilo.
En los tabloides británicos se han difundido fotografías del «Hope Hostel», un albergue en la capital, Kigali, donde se alojarán los once primeros refugiados y donde incluso se pueden apreciar unas zapatillas de dormir junto a las camas. Este centro con capacidad para alojar a 100 personas está conformado por 50 habitaciones dobles y recientemente se han añadido en los pasillos diferentes carteles escritos en árabe para facilitar la comunicación de los recién llegados y para hacer su estancia lo más confortable posible. El tiempo máximo que pasarán los refugiados en este alojamiento será de seis meses, momento en que conocerán si su petición de asilo ha sido aceptada o si deben buscar una nueva alternativa en su huida de la guerra. Se les permitirá moverse libremente y abandonar la propiedad en función de sus necesidades, según han asegurado funcionarios ruandeses.
Las organizaciones de derechos humanos señalan el peligro que supone enviar a los refugiados a un país que se dio a conocer por la matanza entre las etnias tutsi y hutu en la década de los 90. Se teme que los que lleguen sean víctimas de conductas racistas que puedan ser violentas, al igual que se han formulado preguntas acerca de lo que ocurrirá con los que no puedan salir del país. Sin embargo, el mensaje emitido desde Ruanda recuerda que el país tiene una de las tasas de homicidios (2,5 por cada 100.000 habitantes) y de criminalidad más bajas de África (21,96 por cada 100.000 habitantes) desde hace años, mientras la violencia armada se limita a breves escaramuzas en las zonas fronterizas con República Democrática del Congo. En cuanto a la violencia sectaria que terminó con el asesinato de casi un millón de tutsis, cabe destacar el éxito del sistema de reconciliación ruandesa. Desde que ocurrió el genocidio, el Gobierno de Ruanda prohíbe que sus ciudadanos puedan identificarse por etnias, una medida drástica para algunos pero igualmente efectiva, según los datos, aunque Kigali no se pueda comparar con un país europeo en materia de seguridad. Ya hay 127.000 refugiados en el país, la mayoría ha llegado por sus propios medios.